Tamaulipas fue el primer Estado de la República en que se promovió y aprobó la Reforma Judicial que ya antes se había implementado a nivel federal. No es casualidad, desde tiempos inmemoriales y a todos los niveles, era una clamor general la depuración de los órganos encargados de la impartición de justicia, que, salvo muy honrosas excepciones, no estaban en manos de personas probas y debidamente capacitadas.
Se ha manifestado una fuerte resistencia por parte de los grupos de poder que hasta recientemente dominaban en la entidad; pero, tanto el Ejecutivo, en manos del Dr. Américo Villarreal Anaya, como el Legislativo, liderado por Morena, están empeñados en cumplir y hacer cumplir las demandas de la ciudadanía que reclama una justicia pronta y expedita, que permita erradicar las conductas antisociales y pacificar a la entidad. Por ello tienen todo el respaldo popular e institucional.
Recientemente, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Tamaulipas, Gilberto Ávalos Martínez, afirmó que a Tamaulipas le urgía la reforma judicial, que venga a garantizar una correcta administración de justicia y elimine prácticas altamente nocivas, como los nombramientos por amiguismo, compadrazgo o mediante operaciones de compra-venta, en los cargos de juzgadores, sean jueces y magistrados.
Tras el debate de poco más de una hora en el Congreso de Tamaulipas, los legisladores aprobaron la reforma judicial que permite la elección de jueces y ministros del Poder Judicial. Con 26 votos a favor, los diputados de Morena y aliados en el Congreso, aprobaron la reforma, de tal forma que Tamaulipas, se convierte en la primera entidad del país que llevará a elección a la totalidad de jueces, juezas y magistrados.
Esta reforma contempla cambios sustanciales que garantizan una adecuada impartición de justicia, como la creación de dos nuevos órganos que sustituirán al Consejo de la Judicatura. Estos serán el Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de investigar y sancionar faltas en el desempeño de juezas, jueces, magistradas y magistrados; y el Órgano de Administración Judicial, que gestionará las operaciones internas del Poder Judicial, incluyendo los asuntos presupuestales.
Luego de concluídos los trabajos, el diputado Isidro Vargas Fernández dijo que la reforma se nutrió de los resultados de la consulta pública, en los que se incorporaron propuestas de especialistas, órganos colegiados, instituciones educativas y la ciudadanía; eso permitió realizar ajustes claves al proyecto original. En todo momento, dijo, se garantiza la protección de los derechos laborales de los trabajadores judiciales y se establecieron lineamientos claros para que la transición al nuevo modelo orgánico no afecte sus condiciones ni estabilidad laboral.
Durante los debates, la oposición se rasgó las vestiduras asegurando que con la reforma se impide la autonomía del Poder Judicial en Tamaulipas, lo que es, a todas luces, una afirmación aberrante, porque en un estado de derecho, el mandato soberano del pueblo ejercido a través de sus instancias de representación, determina su forma de gobierno para que exista auténtica democracia y todos los ciudadanos sean iguales ante la ley. Que quien la deba la pague.
Como una muestra de la mentalidad obtusa de quienes se han beneficiado de la actuación tendenciosa de las estructuras encargadas de hacer justicia, Gerardo Peña Flores, licenciado en Ciencias Jurídicas, preguntó: “¿Díganme cómo van a controlar, una vez pasando por el Comité de Selección, que esas personas, ninguna de las que van a participar, pueda tener o recibir financiamiento de los generadores de violencia?”. No pudo entender que con la reforma se proponen instancias y medios de control efectivos.
Precisamente, la idea de llevar a cabo la reforma al Poder Judicial es acabar con la violencia mediante la erradicación de sus causas, esencialmente la impunidad de que gozan esos generadores de violencia que señala el diputado. De acuerdo al informe: Seguimiento y evaluación de la justicia penal en México 2023, elaborado por México Evalúa, Tamaulipas se ubicó como uno de los estados con mayor índice de impunidad en las carpetas de investigación del fuero común, por encima de la media nacional que registró un 93.63 por ciento, con un 94.73.
Ora sí, que chillen los perversos y se vayan a Sharyland los malosos, que ¡la reforma judicial, va!
