Era la noche del 1 de noviembre de 2025. En la plaza de Uruapan, en el corazón de Michoacán, el aire olía a velas encendidas y al murmullo cálido de una ciudad que acogía su tradicional “Festival de las Velas”. Allí caminaba con su hijo en brazos ese hombre que no temía decir lo que muchos callaban: Carlos Manzo.
Entonces, en medio de esa cotidianidad cargada de simbolismo, se produjo lo impensable: siete disparos que quebraron el silencio, el aplomo, la vida. Disparos que no sólo arrebataron un cuerpo, sino que golpearon el corazón de una comunidad con la fuerza de quien sabe que la paz es una fragilidad perpetua.
Carlos Alberto Manzo Rodríguez, no fue sorprendido por la violencia, la venía narrando en tiempo real. Durante meses, denunció el retiro de fuerzas federales y el avance de la delincuencia, pidió la presencia de la Guardia Nacional y advirtió que no quería ser “un alcalde más de los ejecutados”.
Pero nada bastó. Porque no es sólo cuestión de guardias, es cuestión de estructura. De voluntad. De que un sistema decida que quien arriesga su vida por todos tenga algo más que un chaleco antibalas.
Además, si algo no le ha faltado a Michoacán son planes para pacificar el Estado:
1. Operación Conjunta Michoacán (Calderón, 2006).
Fue el arranque de la “guerra contra el narcotráfico”: despliegue de unos 5,000 militares y federales para erradicar plantíos, colocar retenes y “recuperar el territorio”.
2. Plan Michoacán “Juntos lo vamos a lograr” (Peña Nieto, 2014).
Ahí sí se usó explícitamente el nombre Plan Michoacán, un programa “integral” con cinco ejes (economía, educación, infraestructura, salud y desarrollo social), acompañado de una inversión federal anunciada de unos 45 mil millones de pesos para 250 acciones, principalmente en infraestructura.
3. Plan de Apoyo a Michoacán (López Obrador, 2021).
Se prometió reforzar Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, federalizar la nómina magisterial y apuntalar programas sociales para “atender las causas” de la violencia.
4. Plan Michoacán por la Paz y la Justicia (Sheinbaum, 2025).
Presentado tras el asesinato de Manzo, es el cuarto programa federal en 19 años, con 12 ejes, más de 100 acciones y una inversión anunciada de más de 57 mil millones de pesos, adicionales a los programas ya existentes.
La propia prensa especializada resume el cuadro así: en los últimos 19 años se han aplicado cuatro planes para reducir la violencia en Michoacán… y ninguno logró revertirla de forma duradera.
Mientras el país digería el asesinato de Carlos Manzo, otra escena dio la vuelta a las redes: un hombre se acercó a la presidenta Claudia Sheinbaum, en pleno Centro Histórico, la manoseó e intentó besarla mientras ella saludaba a la gente. El agresor fue detenido después y enfrenta cargos por acoso y abuso sexual.
La reacción en redes fue un espejo perfecto de nuestra polarización:
Unos criticaron el evidente fallo del anillo de seguridad presidencial; otros, sin prueba alguna, lo calificaron de “montaje” para victimizar a la mandataria o desviar la atención de Michoacán.
Entre el alcalde ejecutado en Uruapan y la presidenta manoseada en el Zócalo hay un hilo común: un Estado incapaz de proteger ni a sus autoridades locales ni a su máxima figura institucional frente a la violencia —sea criminal o sexual— que recorre el país.
Si un alcalde puede ser asesinado tras pedir ayuda más de diez veces, y si a la presidenta la pueden tocar sin su consentimiento a unos pasos de Palacio Nacional, el mensaje hacia abajo es brutal: ¿qué le espera al ciudadano común, al periodista, a la lideresa comunitaria, a la mujer que toma el transporte público?
En cualquiera de los dos escenarios, el saldo es el mismo: un poder que no termina de entender que la seguridad no se mide solo en número de elementos desplegados, ni en miles de millones etiquetados en un Power Point, sino en la capacidad real de evitar que un adolescente dispare contra un alcalde y que un tipo cualquiera se sienta con derecho de tocar a la presidenta frente a todo el país.
