“Por eso, si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad. Pondremos orden en la cúpula del poder, porque la corrupción se promueve y se practica fundamentalmente desde lo alto hacia los niveles inferiores. Es decir, vamos a limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras”, expresó Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados cuando tomó protesta como presidente de México el 1 de diciembre de 2018.
AMLO también dio datos al respecto: “Según la última medición de Transparencia Internacional, ocupamos el lugar 135 en comparación con 176 países evaluados; y pasamos a ese sitio luego de estar en el lugar 59 en el 2000, subir al 70 en el 2006, escalar al 105 en el 2012 y llegar en 2017 a la vergonzosa posición en que nos encontramos. Por eso insisto: el distintivo del neoliberalismo es la corrupción”.
En su mensaje a la nación, el tabasqueño, a su vez, manifestó: “Con apego a mis convicciones y en uso de mis facultades, me comprometo a no robar y a no permitir que nadie se aproveche de su cargo o posición para sustraer bienes del erario o hacer negocios al amparo del poder público. Esto aplica para amigos, aplica para compañeros de lucha y familiares. Dejo en claro que si mis seres queridos, mi esposa o mis hijos, cometen un delito, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano. Solo respondo por mi hijo Jesús, por ser menor de edad”.
Pese al discurso, a ocho años de la llegada al poder de Morena, los datos muestran otra realidad. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México ocupa la posición 141 de 182 países a nivel mundial en percepción de corrupción, con un puntaje de 27 sobre 100. Este resultado es siete puntos inferior al que obtuvo el país en 2012, cuando alcanzó 34 puntos. La tendencia a largo plazo es claramente negativa. Con 27 puntos, México se sitúa muy por debajo del promedio regional de 42 en América. Además, es el miembro de la OCDE con la puntuación más baja y el segundo más bajo del G20, solo por encima de Rusia. Todo ello representa un descenso sensible con respecto al puesto 105 de 176 que ocupaba el país en 2012.
A su vez, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública (ENCOAP) 2025, sobre la percepción de ocurrencia de posibles actos de corrupción en la prestación de servicios públicos, 84.9% de la población de 18 años y más consideró probable que una persona servidora pública acepte una oferta de dinero por parte de una persona ciudadana o empresa para acelerar el acceso a un servicio público. En cuanto a posibles prácticas de corrupción a cambio de favores políticos, 82.4% reportó que es probable que las personas con cargos de representación acepten una oferta laboral bien remunerada en el sector privado cuando esta implique otorgar un favor político.
Por igual, un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que analizó la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 y que fue publicado en junio de este año, documenta cómo, en 2025, el costo promedio de la corrupción por ciudadano alcanzó los 5,432 pesos, un aumento de 15% respecto a 2023 y el nivel más alto en diez años. En total, 6.9 millones de personas que interactuaron con el sector público fueron víctimas de algún acto de corrupción, principalmente a través de sobornos o “mordidas”, con un costo total para los ciudadanos de casi 25 mil millones de pesos. La tasa de prevalencia alcanzó 15,642 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes. Del total de ciudadanos que realizaron pagos, trámites o servicios, 16% fue víctima de algún acto de corrupción.
Los datos son contundentes y quizás “se quedan cortos”. México, aun con la llegada de la autollamada Cuarta Transformación y su líder, Andrés Manuel López Obrador, quien venía a combatir la corrupción y regenerar la vida pública del país, sigue siendo un Estado muy corrupto.
En la 4T, todo es impunidad. El caso más evidente fue el de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), con un desvío de casi 15 mil millones de pesos, y donde AMLO había designado a Ignacio Ovalle como su director general, quien había sido su primer jefe cuando Andrés Manuel era delegado del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, durante el sexenio de José López Portillo.
Tras darse a conocer el desfalco a Segalmex, López Obrador salió en respaldo de Ovalle y aseguró que había sido “engañado” por un grupo de priistas de “malas mañas”, acostumbrados a robar. Afirmó que Ovalle era “una gente honesta” y que no era corrupto.
Y casos como ese hay miles por todo el país. La gran asignatura pendiente sigue siendo el combate a la corrupción y la impunidad, dos males que han acompañado y lastimado a México desde los primeros años de su vida como nación independiente. El poder ha cambiado de manos, pero no de mañas.
La presidenta, —que no tiene escándalos al respecto y se conduce con honradez—, tiene que poner más atención en el tema y dejar de encubrir los actos corrupción de su movimiento, porque sin castigo a los corruptos, cualquier discurso de transformación pierde credibilidad.
