A tan solo 10 meses de haber iniciado la administración, el presidente republicano Donald Trump ha encontrado una nueva manera de someter a su vecino del sur.
La reciente decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) de cancelar —por incumplimiento del Acuerdo Bilateral del Transporte Aéreo México-EE.UU. de 2015— 13 rutas aéreas actuales o previstas de aerolíneas mexicanas desde el AIFA hacia territorio “gringo”, no es solo una medida técnica o diplomática; es, sin duda, una demostración clara del poder real que Washington ejerce sobre México.
El acuerdo de 2015 “abrió los cielos” al eliminar límites en rutas, frecuencias, capacidad y tarifas, permitiendo a cualquier aerolínea de ambos países operar libremente entre ciudades de ambos países. Sustituyó el restrictivo pacto de 1960 y promovió alianzas como Delta-Aeroméxico —hoy ya cancelada por Trump—, con énfasis en reciprocidad, acceso equitativo a slots y protección contra prácticas anticompetitivas. Su cláusula central exige oportunidades justas y equilibradas, fundamento que hoy Estados Unidos invoca para sancionar a México por incumplimientos en infraestructura, transferencia por decreto presidencial de AMLO del transporte aéreo de carga del AICM al AIFA, y cancelación, reducción y asignación de horarios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Ante esto, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y su segundo piso de la 4T enfrentan una crisis heredada directamente de su mentor político: Andrés Manuel López Obrador. La cancelación, por capricho presidencial, del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) —aquel que pudo haber sido un hub de clase mundial— no solo fue un error económico que costó más de 350 mil millones de pesos, sino que ahora también es un golpe a la soberanía aérea del país.
Y en todo esto, el AIFA, su sustituto forzado, nació débil, aislado y con una conectividad artificial sostenida por decretos, no por la lógica del mercado. Hoy, ese fracaso se vuelve más evidente que nunca.
La medida de Washington, justificada bajo el argumento de “reciprocidad” y “limitaciones de espacio aéreo”, pone en evidencia la fragilidad de la aviación mexicana y, por extensión, del Estado mexicano ante su vecino del norte. Mientras en Estados Unidos las aerolíneas operan desde un sistema robusto y competitivo, en México se improvisa, se politiza y se ordena operar desde un aeropuerto sin infraestructura suficiente, sin conectividad terrestre eficiente y con la carga simbólica de un capricho presidencial.
El AIFA —que este año ya reportó ganancias por 415 millones de pesos y movilizó 3.6 millones de pasajeros durante el primer semestre de 2025— nunca fue una solución, sino una imposición. Desde su inauguración, se le ha tratado de legitimar con vuelos subsidiados, transferencias forzadas y campañas de propaganda. Pero ni los turistas ni las aerolíneas internacionales compran discursos. Las rutas que Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus intentaron abrir hacia el AIFA no sobrevivieron al escrutinio estadounidense, y la cancelación de las 13 rutas, incluido el vuelo de Aeroméxico McAllen–Ciudad de México, es apenas una señal del deterioro de la relación aérea bilateral.
Más allá de las pistas y las torres de control, lo que está en juego es el papel de México frente a Estados Unidos. Cada administración mexicana promete una relación “de respeto y cooperación”, pero la realidad es otra: Washington sigue dictando las condiciones. En seguridad, comercio, energía o aviación, la línea que separa la soberanía de la dependencia se borra cada vez más.
Los números lo confirman. Estados Unidos es el principal socio comercial de México, con un intercambio que en 2024 superó los 860 mil millones de dólares, generando un superávit comercial de 180 mil millones de dólares a favor de México. Sin embargo, esa interdependencia, aunque favorable para México, es profundamente asimétrica: el PIB estadounidense ronda los 30 trillones de dólares, mientras que el mexicano apenas supera el 1.8 trillones, una diferencia de más de 17 veces. México presume ser la “fábrica de Norteamérica”, pero su economía sigue subordinada a la del norte; depende de la demanda, las inversiones y las decisiones regulatorias de Washington.
Hasta hoy, Sheinbaum ha demostrado que es una mujer técnica, responsable y pragmática, pero este episodio demuestra que su gobierno está pagando los costos políticos y económicos de las decisiones dogmáticas de López Obrador y su “Cuarta Transformación”.
Cancelar el NAIM no solo destruyó un proyecto de infraestructura global; destruyó la posibilidad de que México compitiera como un verdadero centro logístico continental. Hoy, mientras Estados Unidos fortalece sus aeropuertos y su industria aeronáutica, México pierde conexiones, inversiones y credibilidad.
Trump, fiel a su estilo, desde la Casa Blanca con su retórica sigue marcando el tono para influir en la relación bilateral. México vuelve a ser el chivo expiatorio ideal en la narrativa estadounidense: el vecino débil, desordenado, incapaz de cumplir estándares internacionales. Y en lugar de responder con estrategia y de manera técnica, el gobierno mexicano responde con silencios, comunicados tibios a culpas heredadas por AMLO.
El problema de fondo no es el AIFA, ni siquiera Trump. Mientras el país no construya instituciones técnicas sólidas, decisiones basadas en evidencia y políticas de Estado más allá del populismo, seguirá expuesto a los caprichos de Washington.
El NAIM pudo haber sido una apuesta por el futuro; el AIFA es el monumento a la miopía política. Hoy, el cielo mexicano se encoge por turbulencias técnicas, incumplimiento de acuerdos y errores de visión. Y una vez más, el gobierno estadounidense nos recuerda desde el “Despacho Oval”, quién realmente tiene el control del espacio aéreo sobre México.
