El experimento de someter al voto popular la elección de jueces y magistrados en México, impulsado por el actual gobierno federal como parte de su reforma al Poder Judicial, ha evidenciado una preocupante desconexión entre la ciudadanía y las instituciones de justicia. Aunque se argumenta que este modelo busca “democratizar” el sistema judicial, la realidad cuantitativa muestra un panorama desalentador: menos del 20% del padrón electoral participó en los ejercicios relacionados con estas elecciones —una cifra que revela el desinterés, la desinformación y la desconfianza generalizada hacia esta iniciativa.
En Estados donde se han realizado consultas o elecciones piloto, como Chiapas o Oaxaca, la participación no superó el 17.8%, según reportes de los institutos locales electorales. En comparación, las elecciones intermedias federales suelen tener participaciones de entre 45% y 52%, lo que pone en evidencia el desinterés hacia la elección judicial. Este dato no es menor si se considera que se trataba de un proceso inédito, promovido desde la presidencia como una medida para “devolver al pueblo el control sobre la justicia”.
Pero ¿por qué no votaron los ciudadanos? Una encuesta nacional del Inegi sobre cultura cívica (Encuci, 2023) indica que el 67.2% de la población desconoce los mecanismos de nombramiento de jueces, y un 59.4% expresa poca o nula confianza en el Poder Judicial. A esto se suma que el 62% de los encuestados considera que los jueces actúan con parcialidad o están influenciados por intereses políticos. En este escenario, el voto ciudadano no representa una herramienta de participación democrática, sino una acción simbólica vacía para una ciudadanía que no siente que su voto tenga un impacto real.
Otro punto crítico es la falta de información sobre los candidatos y sus propuestas. A diferencia de las campañas políticas convencionales, los postulantes al Poder Judicial no realizaron actividades públicas amplias ni contaron con espacios para presentar su perfil profesional, lo que impidió al votante tomar decisiones informadas. En un sistema judicial altamente técnico, la evaluación de méritos, trayectoria y conocimientos requiere de criterios especializados. Sin embargo, el 78% de los ciudadanos encuestados declaró no conocer a ninguno de los candidatos postulados para el cargo, lo cual convierte el voto en un acto de incertidumbre más que de participación consciente.
Desde una perspectiva institucional, esta baja participación también refleja una crisis de legitimidad democrática. ¿Puede una autoridad judicial elegida con solo el 15 ó 20% del padrón nacional representar los intereses de la sociedad?
Las cifras nos muestran un ejercicio fallido de democracia judicial. Sin educación cívica, sin campañas de información sólidas y sin una cultura de confianza en las instituciones, la elección de jueces por voto popular corre el riesgo de convertirse en un proceso decorativo. La justicia no puede ni debe ser reducida a una lógica electoral sin garantizar que la ciudadanía esté informada, interesada y empoderada.
