El precio de gobernar a crédito

Querido lector, querida lectora.
Como cada último trimestre del año, se presentó para su autorización por parte del poder legislativo, el presupuesto de Ingresos de la Federación para el 2026, y en esta ocasión no abordaré el tema de las recomendaciones presidenciales, que en lugar de 30 refrescos al mes tomemos 29 para no sentir el alza a los impuestos de bebidas azucaradas, ni tampoco sobre la declaración que hizo de que se actualizaron impuestos que no existían (¿?), el tema de hoy es que México se endeudará más.
El gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum tendrá permiso para pedir prestados hasta 1.7 billones de pesos dentro del país, más que los 1.5 billones del año anterior. Además, podrá contratar deuda externa por 15 mil millones de dólares.
Sumando todo, la deuda pública superará los 20 billones de pesos el próximo año. Si lo dividimos entre todos los mexicanos, a cada uno nos tocaría cargar con más de 150 mil pesos de deuda.
El gobierno proyecta tener 10.1 billones de pesos para gastar en 2026, pero el crecimiento económico apenas se estima entre 1.8% y 2.8%. Es decir, gastaremos más sin generar proporcionalmente más riqueza. El déficit fiscal —la diferencia entre lo que se recauda y lo que se gasta— será del 4.1% del PIB, una cifra preocupante para un país que presume estabilidad.
El pago de intereses por la deuda alcanzará 1.6 billones de pesos, también el 4.1% del PIB, más que el año pasado. En otras palabras, una porción cada vez mayor del presupuesto se va a pagar el pasado, no a construir el futuro.
Endeudarse no es pecado si se invierte en productividad, innovación o infraestructura que rinda frutos a largo plazo. El problema es cuando la deuda se usa para cubrir gasto corriente, programas clientelares o promesas políticas que no generan retorno económico.
Si la deuda no se traduce en más empleos, mejor salud o infraestructura duradera, solo estamos hipotecando nuestro futuro por decisiones del presente.
Más deuda significa menos margen para políticas sociales sostenibles a futuro. Cada peso que se paga en intereses es un peso menos para hospitales, educación o seguridad. Y si el crecimiento económico se mantiene bajo, la deuda no solo crecerá en cifras, sino en peso moral y social: la pagarán las siguientes generaciones.
En conclusión, gobernar a crédito puede ser un alivio temporal, pero también una trampa. La deuda no es el problema, el problema es qué se hace con ella.
Y en un país donde la transparencia aún es frágil, la deuda pública puede terminar siendo el impuesto más caro a la confianza ciudadana.

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