Cuando Andrés Manuel López Obrador compitió por tercera ocasión por la presidencia en 2018, prometió un cambio profundo en la vida pública de México, bajo la bandera de no endeudar al país, gobernar con austeridad y combatir la corrupción. Sin embargo, la “herencia” más preocupante al gobierno de Claudia Sheinbaum fue el creciente déficit público que se tradujo en un considerable aumento de la deuda pública entre los años 2018 y 2024.
Contrario a su discurso de “no endeudar al país”, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador incrementó la deuda total de México en más de 6.2 billones de pesos. Durante su sexenio, la deuda pública pasó de representar alrededor del 44% del PIB en 2018 a cerca del 50% en 2024. Este crecimiento rompe con la narrativa de austeridad republicana que tanto promovió y exhibe una de las mayores contradicciones de su mandato.
Proyectos faraónicos, construidos con recursos públicos sin el acompañamiento de inversiones privadas, fueron el Tren Maya, que en un principio costaría 150 mil millones de pesos y acabó costando a los mexicanos más de 500 mil millones de pesos; o la Refinería de Dos Bocas, que en un inicio se dijo que costaría 150 mil millones de pesos y ya va en casi 400 mil millones de pesos. Tan solo en esos dos proyectos estamos ante un sobrecosto de 600 mil millones de pesos.
Otra obra costosa del sexenio de AMLO fue el Aeropuerto Felipe Ángeles, que tuvo un costo estimado de 100 mil millones de pesos, esto aunado a todas las indemnizaciones y pagos a inversionistas por el orden de los 300 mil millones de pesos debido a la cancelación de la construcción del aeropuerto NAIM-CDMX, iniciado en el sexenio de Peña Nieto y que se construía en Texcoco.
Estos megaproyectos, con sobrecostos, lejos de detonar el crecimiento esperado, presionaron las finanzas nacionales en un contexto de bajo dinamismo económico y recaudación insuficiente. A ello se sumaron subsidios a Pemex y CFE, además de los programas sociales de tipo universal y clientelar, en los cuales se invierte casi 1 billón de pesos al año; y que, si bien eran necesarios estos apoyos inmediatos a los más desprotegidos y olvidados por el llamado periodo neoliberal, no han sido suficientes para impulsar el emprendimiento, la inversión y el crecimiento financiero que construya una base fiscal más sólida e impulse la modernización económica de fondo.
Ante todo eso, López Obrador eligió gastar más para sostener su proyecto ideológico, sin implementar una reforma fiscal progresiva que corrigiera la fragilidad de los ingresos públicos. En 2018, último año del sexenio del priista Enrique Peña Nieto, la diferencia entre ingresos y egresos del presupuesto, es decir, el déficit público y lo que había que pedir prestado, era de 455 mil millones de pesos. En 2024, año electoral y el último del sexenio de López Obrador, el déficit fue de casi 2 billones de pesos.
Por igual, en 2018 la deuda pública total del gobierno federal era de 10.5 billones de pesos. Cuando AMLO dejó Palacio Nacional en septiembre del año pasado, la deuda gubernamental del país era de 16.7 billones de pesos.
Y fue así que al asumir el poder en octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum se encontró con un presupuesto comprometido, déficits elevados y un margen de maniobra muy limitado.
En 2018, el gasto total del gobierno era de 5.6 billones de pesos; a mitad del sexenio de AMLO, en 2021, los egresos federales eran de 6.7 billones de pesos, y ya para cerrar su sexenio en 2024, el gasto federal fue de 9.1 billones de pesos.
Durante todo el sexenio de AMLO, de 2018 a 2024, el presupuesto de egresos federal contempló un gasto por el orden de los 42 billones de pesos, de los cuales 6.2 se pidieron prestados.
Por igual, México destinaba en 2018, 500 mil millones de pesos al pago de la deuda; ahora, en 2025, se gastará en pago a deuda 1 billón 150 mil millones de pesos.
Y fue así como la narrativa de austeridad quedó como un simple recurso retórico; la realidad fiscal, más compleja y preocupante, exige hoy un liderazgo responsable que reconozca y corrija los excesos cometidos.
México no puede permitirse seguir endeudándose sin rumbo. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, mujer científica, disciplinada y capaz, deberá decidir si para la conformación del presupuesto 2026 seguirá atrapada en el limitado rango de acción que le dejó AMLO y la herencia discursiva de la 4T, o si asumirá el reto de construir finanzas públicas sanas que garanticen un futuro más sólido para todos.
