México, Distrito Federal
La tortura como entrenamiento en León, Guanajuato, fue tema del llamado “sistema PAN” el martes por la noche en la Secretaría de Gobernación (Segob), que cada semana se reúne en Bucareli.
Luego de dar un repaso por diversos temas de la agenda nacional, Juan Camilo Mouriño, titular de la Segob, preguntó a Juan Manuel Oliva, gobernador de Guanajuato cómo va el caso de León.
El mandatario estatal tragó saliva y sacó sus tarjetas informativas. La reacción de Mouriño fue, entonces, que se investigue “tope donde tope” y conminó a buscar a José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para su intervención.
Oliva habló el miércoles con Soberanes; colaboradores de Mouriño también, lo que cerró la pinza. Ese día, por la noche, el ombudsman nacional anunció su investigación.
El objetivo era frenar al alcalde de León, Vicente Guerrero Reynoso. El mismo miércoles la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos de Guanajuato exhortó a Guerrero a parar los “entrenamientos”. El edil aceptó el jueves suspender los “entrenamientos”.
En la reunión con el secretario estaban también el coordinador de los senadores, Gustavo Madero, y de los diputados, Héctor Larios, además de Rogelio Carvajal, secretario general del PAN.
De acuerdo con fuentes de Gobernación, Mouriño planteó que se investigue los términos del contrato entre el ayuntamiento de León y la empresa instructora.
De momento, la federación no ha intervenido porque se trata de presuntos delitos del orden común, precisaron las fuentes.
El gobernador Oliva es quien mantiene informado directamente a Mouriño del curso de las indagatorias.
El secretario de Gobernación “tuvo especial interés de escuchar al gobernador y de que intervenga la CNDH, se investigue si se contrató a la empresa para eso o para qué, con qué objeto, y se siga tope donde tope”.
Para el gobierno de Guanajuato quedó claro que deberá ser un juez quien determine si el “entrenamiento” se apega a derecho o es meritorio de sanciones administrativas o penales.
El mandatario estatal informó a Mouriño que el gobierno de León se autoinvestiga a través de un órgano interno de control, cuyo ámbito sólo es administrativo, pero cuyos resultados formarán parte de la averiguación que abrió la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato.
Fuentes oficiales confirmaron que al Instituto Nacional de Migración no se ha solicitado informe alguno sobre la nacionalidad de los entrenadores, quienes han identificado como de procedencia inglesa y méxico-cubano, según reveló este Diario.
