Reynosa, Tam.
Detrás de un embarazo durante la niñez o la adolescencia puede haber una situación de violencia que no ha sido denunciada, un entorno familiar que guarda silencio o una relación con una persona adulta que ha sido normalizada por quienes rodean a la menor. Ante estos escenarios, la detección por parte de instituciones y prestadores de servicios de salud tanto públicos o privados puede convertirse en el primer paso para activar mecanismos de protección y llevar el caso ante las autoridades correspondientes.
En Tamaulipas, una reforma a la Ley de Salud estatal busca reforzar la obligación de notificar los embarazos detectados en niñas y adolescentes, mediante una disposición que establece la intervención de las autoridades ministeriales y de protección de los derechos de la infancia.
Aunque a nivel nacional ya existían protocolos para atender posibles casos de violencia familiar y sexual, la incorporación de esta obligación en la legislación estatal representa un mecanismo para fortalecer la actuación de quienes detecten estas situaciones y evitar que sean minimizadas.
Olivia Lemus, abogada de profesión, especialista en Derechos Humanos y ex-procuradora de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema DIF, explicó que anteriormente el personal de salud ya tenía responsabilidades de notificación conforme a los lineamientos federales.
Sin embargo, consideró que establecer una disposición específica en la legislación estatal permite reforzar la obligación institucional y hacer énfasis en la necesidad de que las alertas sean atendidas oportunamente.
“Ya existía, sí lo hacíamos, pero ahora están más obligados a hacerlo”, señaló.
La medida fue publicada en el periódico oficial de Tamaulipas el 12 de octubre, y adiciona el artículo 35 mediante el decreto 66-1426, que obliga a las instituciones y prestadores de servicios de salud, públicos y privados, a notificar de inmediato y de manera confidencial al Ministerio Público y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes los casos de embarazo en menores de edad, para que se determine la intervención correspondiente.
La entrevistada sostuvo que el objetivo no debe limitarse a cumplir con un trámite administrativo, sino garantizar que cada caso sea revisado y que las menores reciban atención médica, psicológica y social, además de las medidas de protección que resulten necesarias.
RELACIONES QUE SE NORMALIZAN Y SITUACIONES QUE NO SE DENUNCIAN
Uno de los aspectos que Lemus considera relevantes es la manera en que algunas conductas pueden llegar a aceptarse socialmente, incluso cuando representan un riesgo para las niñas y adolescentes.
Se refirió particularmente a las relaciones de noviazgo entre menores de edad y personas adultas, situaciones que en ocasiones son conocidas por familiares o personas cercanas sin que se dimensionen las posibles implicaciones legales y de protección.
“Muchas personas han normalizado situaciones de noviazgo de menores de edad con personas mayores de edad y piensan que no hay ninguna situación irregular”, comentó.
Para la entrevistada, esta percepción puede dificultar que se identifiquen oportunamente circunstancias de violencia o abuso, sobre todo cuando la posible persona agresora forma parte del entorno cercano de la menor.
En estos casos, la ausencia de una denuncia familiar no necesariamente significa que no exista una situación de riesgo. Por ello, consideró importante que las instituciones cuenten con protocolos para actuar cuando detecten un embarazo y que la intervención no dependa exclusivamente de que los familiares reconozcan el problema o soliciten ayuda.
La notificación permite que las autoridades competentes conozcan la situación y determinen qué acciones deben emprenderse, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso.
La entrevistada aclaró que las autoridades deben actuar conforme a los procedimientos legales y de protección aplicables, sin dejar de lado la valoración individual de cada situación. El propósito es evitar que posibles indicios de violencia pasen inadvertidos y que las menores permanezcan en condiciones que puedan comprometer su integridad.
DECRETO RESPALDA MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Una vez que las autoridades reciben información sobre un caso, la intervención de las procuradurías de protección resulta fundamental para determinar las necesidades de la niña o adolescente y coordinar las acciones correspondientes.
Desde su experiencia al frente de una Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la entrevistada explicó que estos organismos deben trabajar de manera multidisciplinaria, en coordinación con las instituciones involucradas, para salvaguardar los derechos de las menores.
La atención puede comprender acompañamiento psicológico, servicios médicos, asistencia social y medidas de protección cuando las circunstancias lo requieran. Si existen indicios de un posible delito, corresponde dar intervención al Ministerio Público para que determine lo conducente en el ámbito de sus atribuciones.
La prioridad, señaló, debe ser garantizar la seguridad de la menor y evitar que la atención se reduzca a la detección del embarazo sin dar seguimiento a las condiciones en las que ocurrió.
Esto cobra especial importancia cuando la posible persona agresora pertenece al entorno familiar, pues la menor puede encontrarse en una situación de dependencia o tener dificultades para comunicar lo sucedido.
Lemus explicó que las procuradurías municipales y estatales han mantenido mecanismos de coordinación con las autoridades ministeriales, incluidos los órganos especializados en la atención de niñas, niños y adolescentes.
Consideró que la nueva disposición puede contribuir a reforzar esos canales de comunicación, al establecer la obligación de notificar los casos y promover una respuesta institucional más oportuna.
“Siempre ha existido una coordinación, pero creo que a raíz de este decreto se va a reforzar”, expresó.
A la par, destacó la participación del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en las acciones preventivas y en la difusión de políticas públicas dirigidas a atender las condiciones que propician los embarazos durante la adolescencia.
OBLIGACIÓN ALCANZA HOSPITALES PRIVADOS
Otro de los aspectos que destacó la entrevistada es que la disposición contempla a los prestadores de servicios de salud tanto públicos como privados, por lo que la obligación no se limita a las instituciones gubernamentales.
La precisión resulta relevante porque la detección puede ocurrir en distintos espacios de atención médica, desde hospitales públicos hasta clínicas particulares.
A consideración de la especialista en derechos humanos, establecer una instrucción contribuye a reducir las posibilidades de que un caso sea minimizado o de que la actuación dependa de interpretaciones individuales sobre la existencia de un posible delito.
¿QUÉ PASA SI SE INCUMPLE?
También señaló que quienes incumplan sus obligaciones pueden enfrentar consecuencias legales, de acuerdo con las disposiciones aplicables. Por ello, consideró necesario que el personal médico y administrativo conozca el contenido de la reforma, así como los protocolos que deben seguirse cuando se detecte una situación de este tipo.
“Una de las sanciones que pudieran tener los servidores públicos, tanto del sector público como privado, que no reporten este tipo de hallazgos, es la inhabilitación y suspensión temporal o definitiva para ejercer cargos públicos en el sector salud”, señaló.
Sin embargo, la aplicación de sanciones específicas debe determinarse conforme al marco jurídico correspondiente y a las circunstancias del incumplimiento.
La entrevistada insistió en que el desconocimiento de los procedimientos constituye un obstáculo que debe atenderse mediante capacitación y difusión, no solamente entre quienes trabajan en el sector salud, sino también entre quienes participan en la protección de la infancia.
“Sí creo que hay un avance, hay una diferencia, la diferencia principal radica en que antes se dependía de la interpretación médica de la norma 04 46, respecto a si se sospechaba de un delito sexual. Hoy en Tamaulipas, el simple hecho del embarazo de una niña o adolescente es el detonante legal obligatorio para dar aviso formal a las autoridades penales y de protección social”, dijo.
EMBARAZOS PUEDEN INTERRUMPIR EL PROYECTO DE VIDA DE MENORES
Más allá de las responsabilidades legales, la entrevistada advirtió que los embarazos durante la niñez y la adolescencia representan una problemática que puede modificar de manera importante el desarrollo y las oportunidades de las menores.
Señaló que la situación requiere atención permanente, particularmente en aquellos entornos donde existen mayores condiciones de vulnerabilidad y riesgos de violencia.
Según Olivia Lemus, uno de los principales problemas es que las situaciones de abuso sexual pueden permanecer ocultas cuando existe temor a hablar de ellas o cuando se les resta importancia dentro del entorno familiar y social.
“Hay muchísimas víctimas también de abuso sexual que de pronto a veces nos da hasta miedo decir la palabra, pero el que no se pronuncie no quiere decir que no existe”, manifestó.
Por ello, consideró que la actuación de las instituciones debe acompañarse de una mayor sensibilización social, para que las posibles situaciones de violencia puedan identificarse y atenderse sin que las menores sean expuestas a nuevos riesgos.
La protección, agregó, no debe limitarse a la investigación de un posible delito, sino contemplar las necesidades de cada niña o adolescente y garantizar que cuente con apoyo durante el proceso.
Finalmente, la entrevistada llamó al personal de salud a conocer los alcances de la reforma y a cumplir con los procedimientos correspondientes, al considerar que una detección oportuna puede marcar la diferencia en la atención de estos casos.
“Las sanciones sí van desde una responsabilidad civil, administrativa pero también una responsabilidad penal que también la norma 046 ya nos estaba hablando de esto. Creo que es bien importante que exista conocimiento de cómo va a funcionar este decreto, pues vamos a estar más protegidos, sobre todo todos aquellos o servidoras públicas que trabajen en las áreas de salud”, dijo.
Por último, afirmó que la coordinación entre las instituciones, la prevención y el conocimiento de las obligaciones legales son elementos necesarios para evitar que las alertas queden sin respuesta y para garantizar que las niñas y adolescentes reciban la protección que les corresponde.
