Veintidós grandes fortunas concentran una riqueza histórica mientras millones de mexicanos sobreviven entre la pobreza, los bajos ingresos y la precariedad.
Un informe de Oxfam México documenta cómo la concentración de la riqueza se ha convertido también en concentración del poder político.
Las privatizaciones, las concesiones del Estado, la debilidad de la inversión pública y la desigual distribución de los beneficios económicos han favorecido la formación de una élite empresarial capaz de influir en el rumbo nacional.
El estudio plantea una pregunta que trasciende la economía: ¿México avanza hacia una democracia social o consolida una oligarquía económica?
México vive una contradicción histórica. Mientras millones de trabajadores dependen de sus salarios para sobrevivir, una pequeña élite empresarial ha acumulado fortunas que crecen a una velocidad muy superior a la economía nacional.
La riqueza se concentra, el poder económico se reproduce entre familias y la democracia enfrenta una amenaza que no necesariamente proviene de los cuarteles ni de los partidos políticos, sino de quienes controlan sectores estratégicos de la producción, las finanzas y los servicios.
El informe ¿Oligarquía o democracia?, publicado por Oxfam México, ofrece una radiografía de esta realidad y cuestiona la estructura de poder construida durante las últimas cuatro décadas.
La investigación sostiene que esta desigualdad no es consecuencia inevitable del funcionamiento de los mercados. Es el resultado de decisiones políticas, reformas económicas, mecanismos de apropiación de recursos públicos y relaciones históricas entre el Estado y los grandes capitales.
Su conclusión es contundente: la concentración extrema de la riqueza puede vaciar de contenido a la democracia, porque quienes poseen los recursos económicos adquieren también una capacidad desproporcionada para influir en las decisiones colectivas.
Pero el documento abre otra discusión: ¿hasta dónde puede transformarse esta estructura mediante reformas fiscales, mejores salarios y políticas redistributivas, sin modificar profundamente las relaciones de propiedad y el poder de las grandes corporaciones?
Esa es una de las cuestiones centrales para comprender el presente y el futuro de México.
I. La riqueza se multiplica; la economía nacional permanece estancada
Durante las últimas tres décadas, los grandes capitales mexicanos han experimentado un crecimiento extraordinario.
Según Oxfam, entre 1996 y 2025 la fortuna conjunta de los milmillonarios pasó de 52,300 millones a 219,300 millones de dólares, calculados a precios constantes de 2025. Es decir, se multiplicó 4.2 veces.
En contraste, durante ese mismo periodo, el tamaño real de la economía mexicana creció aproximadamente 76%.
El fenómeno ilustra una contradicción del capitalismo mexicano: la acumulación privada de riqueza puede avanzar mucho más rápido que la capacidad productiva de la economía en su conjunto.
El informe retoma el planteamiento del economista francés Thomas Piketty: cuando los rendimientos del capital superan persistentemente el crecimiento económico, la riqueza heredada tiende a concentrarse.
En México, esa tendencia adquiere características particulares porque una parte importante de las grandes fortunas tiene su origen en procesos de privatización, concesiones estatales y sectores económicos sujetos a regulaciones insuficientes.
No se trata solamente de empresarios que compiten en el mercado. Se trata de grupos económicos cuya expansión ha estado vinculada, en diferentes momentos históricos, a decisiones gubernamentales sobre bienes y actividades estratégicas.
La desigualdad, por tanto, no puede explicarse únicamente a partir de diferencias individuales de productividad, educación o esfuerzo. También exige examinar quién controla los medios de producción, cómo se distribuye el excedente económico y quién tiene capacidad para establecer las reglas del mercado.
II. Carlos Slim y la formación de una nueva aristocracia económica
El caso de Carlos Slim Helú resulta particularmente ilustrativo.
Según el informe, su fortuna alcanzó 107,100 millones de dólares en noviembre de 2025. Desde 2020, el incremento promedio de su riqueza fue equivalente a 273 dólares por segundo.
Para dimensionar esta cifra, Oxfam calcula que una persona que percibía el salario mínimo mexicano en 2025 necesitaba trabajar 19 días para obtener una cantidad equivalente al crecimiento de la fortuna del empresario durante un solo segundo.
El contraste no significa que Slim reciba esa cantidad en efectivo cada segundo. Se trata de una estimación del incremento promedio del valor de su patrimonio, sujeto a las fluctuaciones de los mercados.
Pero la comparación permite comprender la magnitud de la concentración económica.
La expansión de su grupo empresarial, históricamente vinculada a las telecomunicaciones, se ha extendido hacia infraestructura, construcción y actividades energéticas. Oxfam destaca especialmente su participación en proyectos relacionados con Petróleos Mexicanos. Este último aspecto plantea una contradicción política importante.
Mientras el discurso gubernamental reivindica la soberanía energética y el fortalecimiento de las empresas públicas, determinados proyectos estatales también representan oportunidades de acumulación para grandes conglomerados privados.
La existencia de contratos entre el Estado y empresas privadas no demuestra, por sí misma, irregularidades o corrupción. Sin embargo, sí obliga a examinar sus condiciones económicas, su transparencia, la distribución de riesgos y la apropiación de beneficios.
La pregunta fundamental es si la inversión pública fortalece prioritariamente las capacidades productivas nacionales o termina reproduciendo la dependencia del Estado respecto de grandes contratistas.
III. Las privatizaciones: el origen político de las grandes fortunas
Para comprender el poder económico contemporáneo es necesario regresar a la década de los ochenta.
La crisis de la deuda externa de 1982 marcó un cambio decisivo en el modelo de desarrollo mexicano.
El Estado comenzó a abandonar progresivamente su participación directa en diversas actividades productivas, mientras avanzaban la apertura comercial, la desregulación y la privatización de empresas públicas.
Durante los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari se consolidó una transformación estructural.
La venta de empresas estatales, la apertura de nuevos mercados y el otorgamiento de concesiones permitieron que determinados grupos privados adquirieran posiciones dominantes en sectores estratégicos.
Oxfam identifica estos procesos como una de las raíces históricas de la concentración actual de riqueza.
Desde una interpretación de economía política, el fenómeno puede describirse como una transferencia de activos y oportunidades de acumulación desde el sector público hacia propietarios privados.
No todas las privatizaciones tuvieron resultados idénticos ni todas las fortunas proceden exclusivamente de ellas. Sin embargo, su impacto sobre la estructura de propiedad constituye un elemento indispensable para explicar el capitalismo mexicano contemporáneo.
La cuestión es especialmente relevante porque el control de infraestructura estratégica —telecomunicaciones, carreteras, ferrocarriles, puertos, servicios financieros y concesiones de agua— proporciona a sus propietarios una capacidad de negociación frente al Estado que trasciende la competencia económica ordinaria.
En esas condiciones, los grandes empresarios no necesitan ocupar formalmente cargos públicos para influir en el funcionamiento del gobierno.
Su poder deriva de la propiedad.
IV. Morena y la Cuarta Transformación: ¿ruptura o continuidad del modelo?
El informe de Oxfam permite introducir una discusión que va más allá de sus propuestas específicas: la naturaleza de las transformaciones económicas impulsadas desde 2018.
Los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han reivindicado una mayor intervención estatal, el aumento de los salarios mínimos, los programas sociales y la recuperación de capacidades públicas en sectores estratégicos.
Algunos resultados sociales son significativos.
Oxfam señala que entre 2018 y 2024 salieron de la pobreza multidimensional 13.4 millones de personas. También destaca la recuperación del salario mínimo y el aumento de la participación de los ingresos laborales en el PIB, de 38% a 45%, ajustando por informalidad.
Son transformaciones que deben reconocerse en cualquier evaluación seria.
Sin embargo, el mismo documento evidencia que las grandes fortunas continuaron expandiéndose aceleradamente durante esos años.
Esto conduce a una distinción esencial: reducir la pobreza no equivale necesariamente a reducir la concentración del poder económico.
Una administración puede mejorar los ingresos de millones de trabajadores, fortalecer las transferencias sociales y mantener, simultáneamente, una estructura de propiedad altamente concentrada.
Desde una perspectiva crítica, el proyecto de la Cuarta Transformación puede interpretarse como un intento de corregir algunos efectos sociales del capitalismo mexicano sin emprender una transformación integral de sus relaciones de propiedad.
Esta interpretación no constituye una conclusión textual de Oxfam, sino una lectura política de sus hallazgos.
El problema de fondo consiste en determinar si la intervención estatal tiene capacidad para subordinar los intereses particulares del gran capital a una estrategia nacional de desarrollo, o si termina funcionando como mecanismo de conciliación entre las élites económicas y las demandas populares.
La permanencia y expansión de los grandes conglomerados sugiere que el poder económico concentrado no ha sido desmantelado.
Pero tampoco sería riguroso concluir que no ha existido cambio alguno: la recuperación salarial y la reducción de la pobreza representan modificaciones reales en la distribución del ingreso.
La contradicción entre ambos procesos define una parte importante del debate nacional.
V. El Estado invierte menos mientras aumenta la riqueza privada
Uno de los hallazgos más relevantes del informe se refiere al deterioro histórico de la inversión pública.
Oxfam señala que la inversión pública representaba alrededor del 12% del PIB en 1981, frente a aproximadamente 4% en 2024.
La reducción limita la capacidad estatal para construir infraestructura productiva, mejorar servicios y orientar el desarrollo económico.
Mientras tanto, la riqueza privada nacional alcanzó 90.4 billones de pesos en 2024, según las estimaciones citadas por la organización.
Esta situación revela una diferencia fundamental entre acumular patrimonio y desarrollar capacidades productivas.
El aumento de la riqueza privada no garantiza automáticamente que los recursos se conviertan en nuevas fábricas, tecnología, empleos bien remunerados o infraestructura social.
Oxfam sostiene que la inversión privada anual equivale a menos de ocho pesos por cada cien pesos de riqueza privada acumulada. Esa relación debe interpretarse con cautela: compara un flujo anual de inversión con un patrimonio acumulado, por lo que no constituye por sí sola una medida de productividad o eficiencia del capital.
Sin embargo, permite abrir una discusión legítima sobre el destino social de los recursos económicos.
¿Quién decide dónde se invierte, qué sectores se desarrollan y cuáles permanecen abandonados?
La respuesta tiene consecuencias territoriales.
Mientras ciertas regiones concentran infraestructura industrial y financiera, otras continúan enfrentando carencias de transporte, agua, electricidad y servicios públicos.
La desigualdad mexicana no solamente divide a las clases sociales. También fragmenta el territorio nacional.
VI. La desigualdad también significa apropiarse del tiempo de los trabajadores
La investigación incorpora un elemento frecuentemente relegado en los debates económicos: el tiempo.
La riqueza no solamente determina cuánto dinero posee una persona. También condiciona su capacidad para descansar, estudiar, cuidar a sus familiares y participar en la vida pública.
Oxfam documenta que 21 millones de mujeres dedican al menos una jornada completa al trabajo de cuidados no remunerado.
En los hogares de menores ingresos, las responsabilidades domésticas y de cuidados se combinan con empleos precarios, largos desplazamientos y dificultades para acceder a servicios.
El informe calcula que una mujer del 10% más pobre dedica 2.7 veces más tiempo al trabajo no remunerado que un hombre del 1% más rico.
Esta diferencia expresa una doble desigualdad: de género y de clase.
El trabajo doméstico y de cuidados permite la reproducción cotidiana de la fuerza laboral, pero una parte sustancial de ese esfuerzo permanece fuera de las remuneraciones monetarias.
Desde una perspectiva marxista, este fenómeno resulta particularmente importante porque muestra que la reproducción del sistema productivo depende también de actividades que no aparecen directamente como trabajo asalariado.
La acumulación de capital se sostiene no solamente en el trabajo contratado por las empresas, sino también en las condiciones sociales que permiten que los trabajadores regresen cada día a producir.
Cuando esas responsabilidades recaen desproporcionadamente sobre las mujeres, el costo de reproducción de la fuerza laboral se traslada parcialmente a los hogares.
Por ello, la construcción de sistemas públicos de cuidados no es una política secundaria: forma parte de cualquier proyecto serio de transformación económica.
VII. La paradoja eléctrica: los hogares ricos reciben una mayor proporción del subsidio
Uno de los ejemplos más concretos de desigualdad en la distribución de los recursos públicos aparece en el sistema eléctrico.
Oxfam señala que, para 2026, el presupuesto destinado a subsidiar las tarifas eléctricas ascendía a casi 88 mil millones de pesos, mientras que la inversión en infraestructura eléctrica superaba apenas los 61 mil millones.
Además, sus cálculos muestran que el subsidio no se distribuye proporcionalmente a las necesidades económicas.
Los hogares del 10% más rico reciben 18% del subsidio, mientras que el 10% más pobre obtiene apenas 4%.
Al mismo tiempo, los hogares de menores ingresos destinan una proporción mayor de sus recursos al pago de electricidad.
La contradicción es evidente: una política pública concebida para facilitar el acceso a un servicio indispensable termina favoreciendo, en términos absolutos, a quienes tienen mayor capacidad de consumo.
El informe propone modificar el esquema para favorecer prioritariamente a los hogares más vulnerables.
Este caso demuestra que la intervención del Estado no es automáticamente redistributiva. Su efecto depende de cómo se diseñan los subsidios, quiénes reciben los recursos y qué intereses determinan las prioridades presupuestarias.
VIII. El agua, la crisis ambiental y el poder de los concesionarios
La concentración económica también tiene una dimensión ambiental.
Según Oxfam, el 1% más rico de México es responsable de aproximadamente 23% de las emisiones contaminantes consideradas en su estimación. La organización sostiene que ese mismo grupo genera una cantidad de emisiones comparable a la del 74% más pobre de la población.
La desigualdad ambiental tiene dos dimensiones: quién contribuye a la contaminación y quién enfrenta sus consecuencias.
Los sectores de menores ingresos suelen disponer de menos recursos para protegerse de sequías, inundaciones, temperaturas extremas y deterioro de servicios públicos.
En el caso del agua, el informe propone fortalecer los mecanismos democráticos de gestión, ampliar la participación comunitaria y establecer una regulación específica para las aguas subterráneas.
El problema trasciende la disponibilidad física del recurso. También involucra su distribución entre hogares, comunidades, agricultura, industria y grandes usuarios.
Desde una perspectiva estructural, el agua representa un punto de conflicto entre su condición de derecho humano y su utilización como insumo productivo.
La capacidad del Estado para resolver esa contradicción dependerá tanto de las normas jurídicas como de la fuerza institucional necesaria para hacerlas cumplir.
IX. Las nueve propuestas de Oxfam: ¿alcanzan para democratizar la economía?
El informe organiza su agenda de transformación en tres grandes ejes.
Eje
Propuestas principales
Transformar
Democratizar la inversión, fortalecer la protección de derechos y ampliar las facultades de los reguladores económicos.
Reparar
Corregir la desigualdad fiscal de los milmillonarios, promover políticas participativas de cuidados y democratizar la gestión del agua.
Redistribuir
Construir infraestructura pública de cuidados, hacer progresivos los subsidios eléctricos y financiar transporte público masivo eléctrico.
Entre las medidas específicas se encuentran la aplicación efectiva de impuestos progresivos a grandes herencias, fortunas y ganancias de capital; el fortalecimiento de la banca de desarrollo; una mayor inspección laboral y mecanismos de participación social vinculantes.
Oxfam propone avanzar en estas medidas durante un horizonte aproximado de cinco años.
Su planteamiento tiene una virtud: vincula la desigualdad con las estructuras de poder y no solamente con la pobreza monetaria.
Sin embargo, desde una perspectiva crítica, sus propuestas enfrentan un límite político.
La democratización económica no depende exclusivamente de disponer de mejores instrumentos fiscales o regulatorios.
También exige identificar qué sectores sociales tienen capacidad para impulsar esas reformas y cuáles poseen recursos para bloquearlas.
Un impuesto progresivo puede resultar técnicamente viable, pero su aprobación y aplicación dependen de relaciones de fuerza concretas.
Una política laboral puede reconocer derechos, pero su cumplimiento requiere organizaciones de trabajadores capaces de defenderlos.
Una regulación ambiental puede establecer obligaciones estrictas, pero su efectividad depende de autoridades independientes, recursos suficientes y vigilancia social.
La desigualdad no se reproduce únicamente por deficiencias administrativas. También lo hace porque existen intereses materiales que se benefician de su continuidad.
X. La ausencia de una fuerza obrera independiente. El análisis de la desigualdad mexicana quedaría incompleto sin examinar la situación de la clase trabajadora.
La recuperación salarial constituye un avance, pero no sustituye la existencia de organizaciones sindicales independientes, mecanismos efectivos de negociación colectiva y capacidad de intervención política de los trabajadores.
En este punto resulta pertinente recuperar al escritor y pensador marxista mexicano José Revueltas y su obra Ensayo sobre un proletariado sin cabeza.
Revueltas examinó la contradicción entre la existencia objetiva de la clase obrera y sus dificultades históricas para constituirse en una fuerza política independiente.
Trasladada al México contemporáneo, esta perspectiva permite formular una pregunta: ¿puede existir democracia económica si los trabajadores carecen de instrumentos autónomos para intervenir en las decisiones fundamentales sobre producción, inversión y distribución?
Los partidos pueden representar demandas populares y los gobiernos pueden adoptar políticas favorables al trabajo. Sin embargo, ninguna de esas circunstancias equivale automáticamente a que la clase trabajadora ejerza poder político propio.
La subordinación de organizaciones sindicales a estructuras partidistas, las prácticas corporativas y la fragmentación laboral constituyen obstáculos históricos para esa autonomía.
No obstante, sería excesivo afirmar que toda organización obrera mexicana carece de independencia o capacidad de acción. Existen experiencias sindicales y comunitarias diversas que requieren investigaciones particulares.
El desafío consiste en determinar si esas experiencias pueden articularse en un proyecto nacional capaz de influir en el modelo de desarrollo.
Desde esta óptica, el dilema planteado por Oxfam adquiere una dimensión más profunda: la democracia económica exige no solamente redistribuir ingresos, sino también democratizar las decisiones sobre el excedente productivo.
XI. ¿Oligarquía económica o democracia política?
La tesis central de Oxfam establece que una concentración extrema de riqueza puede traducirse en concentración del poder político.
La afirmación tiene fundamentos importantes, pero conviene distinguir dos conceptos.
La existencia de grandes fortunas no demuestra automáticamente que todas las decisiones del gobierno estén subordinadas a sus propietarios.
Para acreditar mecanismos específicos de captura institucional es necesario investigar contratos, decisiones regulatorias, financiamiento político, conflictos de interés, estructuras de propiedad y relaciones documentadas entre empresarios y funcionarios.
El informe ofrece un diagnóstico estructural y numerosos indicios sobre la influencia del poder económico. No constituye, por sí mismo, una investigación judicial de actuaciones ilícitas de empresarios concretos.
Esa distinción es indispensable para el rigor periodístico. Pero tampoco debe utilizarse como argumento para minimizar el problema.
Cuando una pequeña minoría controla infraestructura indispensable, posee enormes recursos financieros y dispone de acceso privilegiado a los centros de decisión, la igualdad formal del voto no garantiza necesariamente igualdad de influencia política.
Una persona puede disponer de un voto, mientras un conglomerado empresarial tiene capacidad para condicionar inversiones, financiar campañas de influencia, contratar equipos especializados y participar permanentemente en negociaciones económicas.
La democracia representativa enfrenta entonces una tensión entre igualdad política formal y desigualdad económica material.
XII. El dilema histórico de México
El informe de Oxfam conduce a una conclusión incómoda para las élites económicas y para cualquier gobierno que reivindique una transformación profunda.
México ha demostrado que es posible mejorar los salarios y reducir la pobreza mediante decisiones políticas. Pero también ha demostrado que esas conquistas pueden coexistir con una concentración extraordinaria de riqueza.
La pregunta ya no consiste únicamente en cómo distribuir mejor los recursos disponibles. Consiste en determinar quién controla la producción de la riqueza, quién decide su destino y bajo qué mecanismos democráticos se ejercen esas facultades.
Desde una perspectiva reformista, el camino consiste en fortalecer al Estado, elevar la progresividad fiscal, mejorar los servicios públicos y regular de manera más eficaz a los grandes grupos económicos.
Desde una perspectiva socialista, esas medidas pueden ser necesarias, pero insuficientes mientras permanezcan intactas las relaciones fundamentales de propiedad y subordinación del trabajo al capital.
Ambas perspectivas coinciden en reconocer que la desigualdad constituye un problema estructural, aunque difieren respecto de la profundidad de las transformaciones necesarias.
Para el México de 2026, esta discusión no es solamente académica.
Está relacionada con la capacidad del Estado para dirigir el desarrollo nacional, la autonomía económica frente a Estados Unidos, el futuro de las empresas públicas, la organización de los trabajadores y la distribución territorial de las oportunidades.
También plantea un desafío para Morena y el gobierno de Claudia Sheinbaum: demostrar si su proyecto puede trascender la redistribución parcial del ingreso y modificar las estructuras que permiten la reproducción de las grandes fortunas.
La continuidad de la concentración patrimonial obliga a formular esa pregunta, pero no permite anticipar por sí sola cuál será la respuesta.
Conclusión: la democracia no termina en las urnas
La principal contribución del informe de Oxfam México consiste en colocar la desigualdad en el terreno de las relaciones de poder.
Durante décadas, el debate público presentó la pobreza como un problema de insuficiencia de recursos, falta de educación, baja productividad o escaso crecimiento.
La investigación muestra que también debe examinarse la distribución de la riqueza ya existente y la capacidad de determinados grupos para influir en las reglas económicas.
El país cuenta con grandes fortunas, recursos naturales, infraestructura estratégica, una extensa fuerza laboral y capacidades productivas relevantes.
Sin embargo, la existencia de esos recursos no garantiza por sí misma una sociedad más igualitaria. La cuestión fundamental es quién dispone de ellos y con qué objetivos.
Una democracia puede celebrar elecciones periódicas, reconocer libertades constitucionales y mantener instituciones representativas. Pero su calidad también depende de que las mayorías tengan capacidad efectiva para intervenir en las decisiones que determinan sus condiciones materiales de existencia.
La desigualdad extrema no implica inevitablemente el fin de la democracia, pero puede debilitar sus fundamentos.
México enfrenta, por tanto, una disyuntiva histórica: limitarse a administrar las consecuencias sociales de la concentración de riqueza o construir instituciones y relaciones de poder capaces de modificar sus causas.
El desenlace no dependerá solamente de la voluntad presidencial ni de las decisiones de los grandes empresarios.
Dependerá también de la organización de los trabajadores, de la participación social, de la fortaleza de las instituciones públicas y de la capacidad de la sociedad mexicana para convertir sus derechos políticos en poder económico efectivo.
Porque una democracia en la que todos pueden votar, pero solamente unos cuantos pueden decidir el rumbo de la economía, conserva una contradicción que ninguna elección, por sí sola, puede resolver.
