Querido lector, querida lectora.
Muchas veces hemos escuchado en redes sociales —especialmente cuando se acerca la entrega del Presupuesto de Egresos de la Federación— que el país está quebrado o que el oficialismo lo llevó al “despeñadero”, recurriendo a la misma metáfora que el propio AMLO utilizaba cuando era oposición frente a Enrique Peña Nieto. Sin embargo, lo inédito es que ahora la advertencia provenga desde las entrañas del propio partido en el poder.
El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, encendió las alarmas al declarar en entrevista a la revista Proceso que a México se le acaba el tiempo y que el año 2028 representa el punto de no retorno para las finanzas públicas. Con una cautela que estremece, el legislador advirtió que, sin mayores ingresos, muchos derechos se convertirán en meras “ilusiones constitucionales”. En buen cristiano: si no se recauda más, las pensiones que hoy gozan de blindaje legal correrán el riesgo de ser solo letras hermosas en un papel que la realidad diaria no pueda pagar. Es el viejo mal mexicano: en la Constitución tenemos derecho a todo, hasta a la salud pero en los hospitales públicos, a veces no hay ni paracetamol ni médicos especialistas.
La pregunta obligada es: ¿aguantará el país hasta el 2028, o el gobierno preferirá seguir estirando la liga para no arriesgar su capital político de cara a las elecciones intermedias de junio de 2027? Subir impuestos no requiere de una mayoría calificada, basta con una mayoría simple. Sin embargo, una reforma fiscal profunda cuesta votos, y ese costo se asume mejor con una bancada amplia y disciplinada. Perder terreno en las urnas significaría encarar la discusión financiera más importante del sexenio en una posición de debilidad.
Por otro lado, vale la pena cuestionarnos qué nos dará el gobierno a cambio de exigirnos más dinero. ¿Dónde estará su propio esfuerzo de austeridad?
Mientras los servicios de salud pública continúan por los suelos, el presupuesto proyecta que el conjunto de empresas operadas por las Fuerzas Armadas —encabezadas por el Tren Maya, además de Mexicana de Aviación y el Ferrocarril del Istmo— absorberá la estratosférica cantidad de 127 millones de pesos diarios en subsidios para mantenerse a flote. Leyó usted bien: diarios.
La paradoja es tan grave como reveladora: el oficialismo nos advierte que para rescatar nuestros derechos constitucionales será necesario aportar más al fisco, mientras el dinero actual se evapora manteniendo proyectos sin rentabilidad.
Al final, la sensatez financiera de la que tanto se habla parece tener una curiosa excepción: para los servicios básicos de los ciudadanos no hay fondos, pero para los caprichos de infraestructura siempre habrá presupuesto de sobra.
Fuentes:
. Reporte sobre subsidios federales asignados a empresas de la Sedena y Semar: El Universal.
