El 4 de marzo de 1929, Plutarco Elías Calles fundó el PNR, que en 1946 se convirtió en el PRI. Los años pasaron y ese partido, al que atinadamente el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa bautizó como “la dictadura perfecta”, se fue convirtiendo en un partido hegemónico de Estado que, si bien cada seis años cambiaba de manos la Presidencia de la República y otros cargos de elección popular a nivel municipal, estatal y federal, fue haciendo todo lo posible para impedir y limitar los espacios de la oposición política.
El 22 de junio de 1963, durante el gobierno de Adolfo López Mateos, se dio el verdadero primer gran paso hacia la democratización del país, con la reforma al artículo 54 de la Constitución, que abrió la puerta a los llamados diputados de partido, con lo cual se estableció que todo partido político que lograra obtener el 2.5% de la votación total de las elecciones contaría con cinco diputados, uno más por cada 0.5% de votos obtenidos, hasta un máximo de 20 diputados. En el caso de los senadores, no aplicaría dicha fórmula.
El 4 de julio de 1976, bajo el lema de “La solución somos todos” y como candidato único del PRI, PARM y PPS, José López Portillo, fue electo presidente de México con el 93% de los sufragios totales.
Todo ello llevó, a la gran reforma política de 1977 que encabezó el entonces secretario de Gobernación, don Jesús Reyes Heroles, quien inició una apertura política sin precedentes hasta ese momento en la vida pública del país con una reforma que reconoció a los partidos políticos como entidades de interés público, facilitando el registro de nuevas fuerzas políticas, en particular las de izquierda —incluido el Partido Comunista Mexicano—, y sustituyendo el antiguo esquema de “diputados de partido” por un sistema mixto de 300 diputados de mayoría relativa y 100 de representación proporcional, permitiendo así que las minorías tuvieran presencia efectiva en la Cámara.
Se fijó un umbral de 1.5% de la votación nacional para conservar el registro, y se abrieron espacios en radio y televisión para la promoción de los partidos y sus actividades, ampliando así los espacios de participación política a fuerzas que hasta entonces estaban excluidas o tenían escasa representación.
Pasaron 12 años para que otra elección presidencial fuera cuestionada por los mexicanos, y fue la de Carlos Salinas de Gortari en 1988, marcada por la famosa “caída del sistema” de Manuel Bartlett, quien presidía la Comisión Federal Electoral, entonces controlada por Gobernación, que no era un órgano autónomo, ni mucho menos ciudadano.
Todo ello fue la gota que derramó el vaso y se inició un proceso de transformación electoral que comenzó con la reforma de 1990, que creó el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral. En 1992 se aprobó la nueva credencial para votar con fotografía. El IFE salió de Gobernación, aunque el secretario de Gobernación seguía presidiéndolo. En 1993 se crearon los senadores de primera minoría. En 1994 entraron consejeros ciudadanos al Consejo General, paso previo a la ciudadanización plena.
En 1996, ya con Ernesto Zedillo, se dio otra gran reforma que abrió la puerta a la alternancia política en el Congreso en 1997 y en la Presidencia de México en el año 2000. Bajo esos cambios, el Ejecutivo salió del IFE; el Consejo General quedó en manos de consejeros ciudadanos; el Tribunal Electoral se incorporó al Poder Judicial de la Federación (TEPJF); el financiamiento público se volvió predominante; ningún partido podía tener más de 300 diputados ni una sobrerrepresentación mayor a ocho puntos respecto de su votación; y el Senado quedó en 128 escaños: dos de mayoría por entidad, uno de primera minoría y 32 de representación proporcional.
En 2006, la elección presidencial disputada entre Felipe Calderón y López Obrador fue muy cuestionada por el pequeño margen de diferencia, del 0.56%. AMLO alegó fraude y se proclamó presidente legítimo de México. Todo ello derivó en más reformas que ampliaron, aún más, el marco regulatorio electoral.
La Reforma Electoral de 2007 transformó de manera importante el sistema electoral mexicano, con la prohibición de que partidos y particulares contrataran directamente propaganda electoral en radio y televisión, otorgando al IFE el control de los tiempos electorales; el fortalecimiento de sus facultades de fiscalización, monitoreo y sanción; nuevas reglas para precampañas y financiamiento; y mecanismos para realizar recuentos de votos en elecciones muy cerradas, particularmente cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar fuera de un punto porcentual o menos.
Posteriormente, en 2014, vino la reforma electoral de Peña Nieto que transformó al IFE en Instituto Nacional Electoral. Con eso el INE organiza los comicios federales y puede atraer o coordinar los locales. También entraron en vigor las candidaturas independientes, la reelección consecutiva de legisladores y alcaldes, y la paridad de género en las candidaturas.
Desde que llegó la autollamada “Cuarta Transformación” al gobierno de México, el marco jurídico y el sistema institucional que durante 100 años, desde la Revolución Mexicana hasta 2018, costó sangre, sudor y lágrimas, ha sido destruido en su totalidad. La “lucha” de millones de mexicanos por tener un país gobernado por instituciones y no por los deseos o caprichos de un solo hombre o mujer, despachando desde Palacio Nacional, se ha ido borrando poco a poco del sistema constitucional del país. Toda la lucha electoral que, en distintas épocas, promovieron el PAN y las izquierdas mexicanas se ha venido a menos, con un INE debilitado y un Tribunal Electoral en manos del oficialismo.
Dicen que “los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla” y, sin duda, eso está pasando con México.
