Desde Tijuana hasta Matamoros, los fronterizos vivimos en una geografía mental que no aparece en los mapas: Vivimos en un tercer país suspendido entre México y Estados Unidos. No somos del todo norte ni completamente sur. Somos una franja que desayuna en pesos, trabaja en dólares y duerme con el ruido lejano —o cercano— de la violencia.
Y esto ningún habitante de Reynosa o Matamoros lo podrá negar: En la frontera no se piensa como en el interior. Aquí la discusión sobre la soberanía no es un concepto abstracto que se declama en ceremonias cívicas. Es una conversación que se cruza con la realidad de todos los días: comercio binacional, familias divididas por una línea y una convivencia permanente con el poder económico y militar más grande del mundo.
Por eso, cuando se plantea la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos brinde apoyo militar a México en la lucha contra los cárteles, la reacción no es uniforme. En el centro y sur del país la sola idea despierta reflejos históricos: invasiones, intervenciones, agravios. En el norte, en cambio, la pregunta es más cruda: ¿funciona o no funciona?
La frontera lleva años haciéndole frente a la violencia con menos romanticismo y más urgencia. Aquí el problema no es ideológico, es práctico. Y los números lo confirman. Según el más reciente levantamiento de la encuestadora Cripeso, seis de cada diez mexicanos (61.03%) se manifiestan a favor de una intervención militar estadounidense para combatir a los cárteles. No es un murmullo tímido: 41.31% dice estar “muy de acuerdo” y 19.72% “de acuerdo”.
El dato es más que estadístico, es político. Refleja una transformación profunda en la percepción de la seguridad nacional.
Después de años de estrategias bilaterales con resultados mixtos —operativos espectaculares, capos detenidos, estructuras intactas— la violencia de las organizaciones criminales transnacionales no cede. Y cuando la realidad desborda los discursos, la sociedad empieza a considerar lo que antes era impensable.
En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum, ha reiterado una fórmula que busca equilibrio: colaboración y coordinación, nunca subordinación. La frase intenta conciliar dos bandos que hoy compiten en el ánimo nacional: la defensa de la soberanía y la exigencia de resultados.
Pero la frontera escucha esas palabras con una mezcla de escepticismo y pragmatismo. Aquí sabemos que la interdependencia no es opción, es condición. El debate no es si Estados Unidos está involucrado —porque lo está, económica y estratégicamente— sino bajo qué reglas y con qué límites.
La pregunta de fondo no es si aceptar ayuda militar extranjera vulnera la dignidad nacional. La pregunta incómoda es otra: ¿cuánto tiempo más puede sostenerse una estrategia que no ha logrado devolver la paz?
Cuando seis de cada diez ciudadanos están dispuestos a cruzar una línea histórica, el mensaje es claro: la seguridad dejó de ser un tema ideológico para convertirse en una exigencia.
Y desde este “tercer país” llamado frontera, la consigna es menos épica y más urgente: que funcione. Como sea, pero que funcione.
