La diputada Magaly Deándar Robinson confirmó que serán hasta 5 años de prisión por abandonar a una mujer embarazada en Tamaulipas, subrayando que apoyar a las mujeres es fortalecer a las familias.
Reynosa, Tam.
Con el propósito de sancionar el abandono de mujeres embarazadas, el Pleno del Congreso local aprobó por unanimidad reformas al Código Penal del Estado para tipificar esta conducta como delito, con penas de uno a cinco años de prisión y multas de 150 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
La acción legislativa deriva de una iniciativa presentada por la diputada Guillermina Magaly Deándar Robinson, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, mediante la cual se adicionan el Capítulo VIII Bis y el artículo 365 Bis al Código Penal de Tamaulipas, estableciendo que quien abandone a una mujer o persona gestante a la que sabe que ha embarazado, dejándola sin recursos para atender su alimentación, habitación y salud, será sancionado conforme a lo establecido en la nueva disposición penal.
Durante la presentación del dictamen ante el Pleno, la diputada Deándar Robinson explicó que la reforma responde a la necesidad de brindar una protección específica a las personas gestantes frente a escenarios de abandono y violencia económica.
“Esta propuesta parte de la necesidad de proteger de manera específica el derecho de las personas en estado de gestación para recibir las atenciones necesarias que amerita esta condición, particularmente ante escenarios de violencia económica derivados del incumplimiento de los deberes de asistencia y cuidado”, puntualizó.
La reforma también establece agravantes cuando el abandono provoque lesiones o ponga en riesgo la salud de la mujer embarazada, de la persona gestante o del producto concebido, en cuyo caso la pena podrá incrementarse hasta en una tercera parte.
Si como consecuencia del abandono y las lesiones se produjera la muerte de la persona gestante o del producto, la sanción podrá aumentar hasta en una mitad.
Con esta reforma, el Congreso fortalece el marco jurídico estatal con perspectiva de género y promueve la corresponsabilidad durante el proceso de gestación, brindando mayores condiciones de protección para mujeres embarazadas y personas gestantes en la entidad.
