Querido lector, querida lectora.
Todo parece indicar que ya está por presentarse ante el Congreso de la Unión una reforma electoral que, según lo que se ha publicado en distintos medios, podría cambiar varias reglas importantes del sistema político mexicano.
El detalle es que, hasta ahora, el país debate algo que oficialmente nadie ha leído.
No hay borrador público. No hay documento circulando para análisis técnico. Lo que se conoce proviene de declaraciones políticas y de reportes periodísticos.
Se ha informado que la iniciativa buscaría reducir el costo del sistema electoral. También que podría incluir un recorte de alrededor del 25% al financiamiento público de los partidos políticos. Se habla de modificar la representación plurinominal, incluso eliminar la lista nacional de senadores y reducir el número total de legisladores. Además, se ha mencionado una posible reorganización del Instituto Nacional Electoral (INE), eliminando juntas distritales permanentes y fusionando áreas internas.
Son cambios mayores. No ajustes administrativos. Cambios al tablero mismo.
Además, el proceso electoral 2026-2027 inicia formalmente en septiembre. Si estas nuevas reglas pretenden aplicarse en esa elección, los tiempos son ajustados. Modificar estructuras electorales no es algo que se implemente de la noche a la mañana.
Pero hay algo más de fondo.
La discusión sobre eliminar plurinominales o reducir el financiamiento público no es nueva. En 2009, durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, se propuso reducir el número de diputados y eliminar parte de las curules de representación proporcional. En 2014, con la reforma impulsada en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, también se discutieron ajustes al financiamiento y a la estructura electoral. Más recientemente, el expresidente Andrés Manuel López Obrador intentó eliminar por completo las plurinominales, pero no alcanzó la mayoría constitucional necesaria.
Es decir, cada generación política ha querido modificar las reglas del juego.
Y casi siempre, esas propuestas surgen desde el poder.
También es cierto que la representación proporcional no apareció por capricho. Se incorporó en la reforma político-electoral de 1977, durante el gobierno de José López Portillo, precisamente para que las minorías no quedaran fuera del Congreso y el sistema dejara de ser prácticamente de partido único.
Reducir costos suena bien. Quitar “pluris” suena popular. Recortar dinero a partidos es una bandera que vende.
Pero las reglas electorales no se diseñaron solo para hacer eficiente el sistema, sino para equilibrar el poder.
Si la reforma fortalece la representación y mejora la confianza ciudadana, bienvenida sea. Pero si cada vez que alguien llega al poder quiere ajustar el tablero a su conveniencia, entonces la pregunta no es técnica, es democrática.
