Las recientes protestas de campesinos y agricultores en diversas regiones del país, principalmente en aduanas, puentes y carreteras, no deben entenderse como un hecho aislado ni como una reacción coyuntural. Son, en realidad, la consecuencia lógica de una política pública que, desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, optó por destruir —sin un plan alternativo sólido— la estructura institucional que durante décadas sostuvo al campo mexicano, particularmente desde 1994, cuando entró en vigor el TLC, con el cual se abrieron las aduanas a las importaciones de granos y cultivos provenientes de Estados Unidos y Canadá.
Desde la llegada de la Cuarta Transformación al poder, el discurso oficial ha insistido en que el campo sería una prioridad estratégica. Sin embargo, al revisar los hechos, los presupuestos y las decisiones administrativas, la realidad es otra: el campo fue abandonado bajo el argumento de combatir la corrupción, pero sin construir mecanismos eficaces que sustituyeran los programas eliminados y que habían operado con éxito durante 25 años.
La desaparición, en tiempos de la 4T, de subsidios al campo bajo esquemas como Procampo, los apoyos a la comercialización de ASERCA, las coberturas de precios, la Financiera Rural, el seguro agrícola catastrófico y los fondos de concurrencia con los Estados dejó a millones de productores sin herramientas básicas para enfrentar los riesgos propios de la actividad agrícola.
Y el mensaje fue claro: el mediano productor de granos básicos como maíz, frijol, trigo y sorgo, que cosecha el 80% de la producción nacional, debía sobrevivir solo al mercado, al clima y a la volatilidad de los precios internacionales.
Y es así que, mientras los costos de producción se incrementaron de forma sostenida —fertilizantes, diésel, semillas, refacciones, entre otros gastos—, los programas actuales de la 4T están orientados a pequeños productores. Programas como “Producción para el Bienestar” establecen reglas de elegibilidad basadas en límites de hectáreas, por ejemplo, hasta 20 hectáreas en temporal ó 5 hectáreas en riego, lo que deja fuera a muchos productores que no cumplen esos criterios.
En cultivos estratégicos como el sorgo y el maíz, el impacto ha sido devastador. Se trata de granos fundamentales para la soberanía alimentaria del país y para economías regionales enteras, como es el caso de Tamaulipas, principal productor de sorgo en el país, que aporta aproximadamente el 45% de la producción nacional. Tan solo en 2023, el Estado aportó al país 2 millones 233 mil toneladas. La inconformidad de los productores tamaulipecos se ha hecho patente desde 2023, con bloqueos carreteros, sobre todo en el área de San Fernando y el Puente Reynosa-Pharr, con la exigencia al gobierno de la presidenta Sheinbaum de que se les pague y se garantice un precio por tonelada de 6,000 pesos, ya que actualmente el mercado la está comprando —dependiendo de la región del país— entre 3,600 y 4,700 pesos por tonelada.
En el caso del maíz blanco, los Estados de Sinaloa, Jalisco y el Estado de México concentran cerca del 45% de la producción nacional, aunque también destacan Michoacán y Veracruz.
En ese sentido, uno de los Estados más golpeados por la falta de apoyos del gobierno al campo, los bajos precios internacionales, las importaciones y la sequía ha sido Sinaloa, que pasó de producir 6.5 millones de toneladas de maíz blanco en 2022 a solo 4.5 millones de toneladas en 2024.
A esta ecuación negativa se sumó una política de importaciones permisiva a través del T-MEC, principalmente de Estados Unidos, que inundó el mercado nacional con granos subsidiados por el gobierno “gringo”, desplazando al productor mexicano.
En los últimos tres años, México dejó de ser autosuficiente incluso en maíz blanco, base de la tortilla. En 2025 fue necesario importar grano de Estados Unidos. Las cifras son claras: en los primeros nueve meses del año, las importaciones totales de maíz aumentaron 6.6%, al pasar de 18.2 millones de toneladas en 2024 a 19.4 millones en 2025, el nivel más alto registrado para un periodo similar. Y esos números “fríos” dejan claro que la producción nacional ya no alcanza.
En el caso del maíz amarillo, la dependencia externa es total. Casi el 100% del maíz amarillo que importa México proviene de Estados Unidos y es transgénico, destinado a forraje (alimento animal).
El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas pronostica que las importaciones totales de maíz cerrarán 2025 en un nivel histórico de 24 millones 700 mil toneladas, un aumento de 4.7% respecto a las 23 millones 600 mil toneladas de 2024. Es decir, que ahora el país importa más del 50% de su consumo anual promedio de maíz, que es de 46 millones de toneladas.
En el caso del maíz, los agricultores mexicanos han estado vendiendo la tonelada entre 4,500 y 5,200 pesos. Durante sus protestas exigieron al gobierno federal y a las empresas harineras un precio de garantía de 7,200 pesos por tonelada para poder cubrir adecuadamente sus costos de producción y obtener una utilidad.
La crisis del campo mexicano en tiempos de la 4T no es coyuntural ni producto de la casualidad, es la consecuencia directa de haber sustituido una política agrícola de Estado por una narrativa ideológica del expresidente López Obrador, sin sustento productivo.
Mientras otros países subsidian y blindan su seguridad alimentaria, México optó por desmantelar instituciones, abandonar a sus productores rurales y confiar en importaciones que hoy hacen vulnerables a regiones enteras del país que viven de la agricultura.
El resultado está a la vista: protestas, caída en la siembra y una dependencia externa creciente. El campo no exige privilegios de la 4T; exige reglas claras, respaldo y visión de largo plazo. Ignorar y politizar esta realidad por parte del oficialismo no solo compromete al sector agrícola; compromete la estabilidad, la soberanía y el futuro del país. Esperemos cambios pronto, por el bien del país y el campo mexicano.
