La iniciativa presentada por la diputada Magaly Deándar Robinson abarca no solo alimentación, habitación y vestimenta, sino también atención médica, educación y otros elementos indispensables para garantizar la subsistencia y desarrollo de una persona.
Con 33 votos a favor, el Congreso de Tamaulipas aprobó en sesión ordinaria la reforma al artículo 295 del Código Penal del Estado, con la finalidad de ampliar el reconocimiento de las personas sujetas al derecho de recibir alimentos, en concordancia con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
La iniciativa, presentada por la diputada de Morena, Magaly Deándar Robinson, redefine el alcance del concepto de alimentos conforme a la legislación civil, abarcando no solo alimentación, habitación y vestimenta, sino también atención médica, educación y otros elementos indispensables para garantizar la subsistencia y desarrollo de una persona.
La legisladora explicó que la propuesta tiene dos objetivos principales. El primero es reconocer el derecho de madres y padres a recibir alimentos cuando se encuentren en una situación de necesidad, especialmente tratándose de adultos mayores, bajo el principio de reciprocidad: quien está obligado a otorgar alimentos también puede exigirlos.
El segundo objetivo es precisar los parámetros de edad para recibir este apoyo, extendiéndolo más allá de los 18 años cuando las y los jóvenes sigan cursando estudios. De este modo, conservarán el derecho a recibir alimentos hasta concluir su formación profesional o hasta obtener el título correspondiente, fortaleciendo así el derecho a la educación.
La reforma establece que incurre en el delito de abandono de obligaciones alimentarias quien, sin causa justificada, deje de proporcionar los recursos necesarios para la subsistencia de su madre, padre, cónyuge, concubina, concubinario o hijos menores de edad, así como de quienes hayan alcanzado la mayoría de edad y continúen estudiando.
A través de sus redes sociales, Deándar Robinson destacó que esta reforma busca “garantizar no solo la alimentación, sino también vivienda, salud y educación para niñas, niños y adolescentes”.
Asimismo, informó que se trabaja en la instalación de Oficinas de Atención Ciudadana en diversos municipios del Estado, con el objetivo de prevenir fraudes en la compraventa de vehículos.
“Seguimos trabajando por una legislación que proteja y acerque la justicia a las familias tamaulipecas”, reiteró la diputada.
