Hace unos años, en una conferencia de prensa, el entonces presidente Enrique Peña Nieto soltó su ya célebre “ya sé que no aplauden”, frase que se volvió símbolo del desencuentro entre el poder y el ánimo social. Paradójicamente, hoy vivimos la escena opuesta: “yo sé que sí aplauden”, porque cuando el aparato del Estado convoca, el aplauso está garantizado.
El domingo 6 de diciembre, la presidenta Claudia encabezará el festejo por los siete años de la llamada “transformación”. Se trata de un evento que, más que una conmemoración nacional, parece un acto de autocelebración. Una especie de que uno mismo le ponga “me gusta” a algo que tú mismo publicaste.
Porque la pregunta es inevitable: ¿qué se celebra exactamente?
El país enfrenta protestas de campesinos y transportistas que durante meses han expresado demandas legítimas; el personal de salud continúa trabajando con carencias estructurales; la inseguridad se multiplica sin contención clara; y el crecimiento económico no termina de reflejarse en el bolsillo de las familias. Festejar bajo estas condiciones no solo resulta prematuro, puede interpretarse como un acto de desconexión con la realidad.
A ello se suma un patrón preocupante en el discurso oficial. Cuando el gobierno convoca a marchas o mítines, se presentan como ejercicios democráticos y expresiones auténticas del pueblo. Pero cuando la ciudadanía o la oposición deciden manifestarse, se les acusa de responder a intereses oscuros o de ser manipulados. La democracia no puede ser válida solo cuando favorece al poder. Es un derecho que se ejerce desde el gobierno… y también frente a él.
La convocatoria del 6 de diciembre deja ver algo más que un festejo: pareciera ser una reacción directa a la marcha ciudadana del 15 de noviembre. Y ahí radica el verdadero problema. Cuando el aparato del Estado —con toda su estructura, presupuesto y logística— se moviliza en respuesta a una expresión ciudadana, el mensaje que se envía no es de fortaleza institucional, sino de competencia con la sociedad. Un gobierno no está para medirse con sus gobernados, sino para escucharlos.
De un presidente como López Obrador —quien siempre se movió cómodo en la confrontación— podía esperarse ese tipo de reactivo político. Pero de una presidenta con formación científica, muchos imaginaron (yo, una de ellas) una visión más institucional, más equilibrada, más estadista. Un liderazgo que, en vez de responder con mítines, respondiera con resultados, diálogo y políticas públicas.
México atraviesa desafíos profundos. No son tiempos de autocelebraciones, sino de diagnóstico, diálogo y decisiones firmes.
Este domingo puede ser un acto simbólico para quienes se identifiquen con el proyecto, pero México necesita estadistas, no contramarchas.
