Durante los últimos seis años, México vivió una fiesta presupuestal con la administración de Andrés Manuel López Obrador. Bajo la bandera de la “austeridad republicana” y el combate a la corrupción, el gobierno desplegó una estrategia de gasto que, lejos de contener el déficit, lo expandió de manera notable. La paradoja es que, mientras se pregonaba disciplina financiera, el país cerró el sexenio con un déficit fiscal del 5.8% del PIB, niveles no vistos desde la crisis de 1989. Ahora, en la etapa inicial de Claudia Sheinbaum, la resaca es inevitable: un presupuesto 2026 que no logra revertir la inercia y que refleja los límites de un Estado que gastó más de lo que podía y que comprometió sus recursos en proyectos con dudosa rentabilidad social.
La llamada “borrachera” de gasto se concentró en programas sociales clientelares y megaproyectos emblemáticos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el Aeropuerto Felipe Ángeles. Ninguno de ellos ha demostrado, al día de hoy, un retorno económico proporcional a su costo. Dos Bocas, por ejemplo, ya duplicó su presupuesto inicial que era de 160 mil millones de pesos y que ya supera los 400 mil millones de pesos, además sigue operando por debajo de la capacidad prometida de 340 mil barriles diarios de crudo; el Tren Maya, por igual, se estimaba con una inversión total de 150 mil millones de pesos y, al día de hoy, el gasto de la obra va en 550 mil millones de pesos; y el AIFA, que permanece subutilizado, tuvo un costo superior a los 100 mil millones de pesos, además de que se sigue pagando por medio del TUA del aeropuerto de la Ciudad de México a los inversionistas del NAIM, cuya cancelación tuvo un costo financiero de 125 mil millones de pesos.
Más allá del debate ideológico, la aritmética es contundente: se gastaron recursos masivos en apuestas que no generaron los ingresos suficientes para amortiguar el endeudamiento. El resultado es un gobierno entrante que enfrenta la “cruda” de esas decisiones. Claudia Sheinbaum presentó su primer presupuesto completo para 2026 con un gasto total por el orden de los 10.2 billones de pesos, con un déficit de casi 1.5 billones de pesos, un 4.1% del PIB, una cifra apenas menor del heredado por AMLO, lo que refleja la dificultad de maniobrar con una deuda pública de casi 18 billones de pesos, el 52% del PIB, que en 2024 fue de 1.8 trillones de dólares; y aunque no es un nivel alarmante en comparación con países desarrollados, sí lo es para una economía como la mexicana, que depende en gran medida de la confianza de los mercados internacionales y de la estabilidad de sus ingresos petroleros y fiscales.
La deuda no es mala en sí misma si se traduce en inversión productiva, infraestructura estratégica o capital humano. El problema es cuando se contrata para sostener gasto corriente, transferencias de corto plazo o proyectos que no generan crecimiento sostenido y un retorno de la inversión. Por ejemplo, el Tren Maya costó 500 mil millones de pesos y solo en 2024 generó ingresos por 275 millones de pesos; a ese ritmo, se pagará en 1,818 años. Además, operó con un déficit que el gobierno federal tuvo que subsidiar, ya que incurrió en gastos por 2,837 millones de pesos frente a solo 275 millones en ingresos.
Uno de los puntos más críticos del paquete presupuestal 2026 es la falta de prioridad para áreas esenciales como salud y educación. El gasto en salud se mantiene prácticamente estancado, incluso después de una pandemia que dejó en evidencia las carencias estructurales del sistema: hospitales sin medicamentos, médicos mal pagados, infraestructura insuficiente y una cobertura desigual. México sigue destinando menos del 3% del PIB al sector salud, muy por debajo del promedio de la OCDE, que ronda el 6%. El deterioro en tiempos de la “Cuarta Transformación” es significativo. En 2018, el 15.6% de la población (18.8 millones de personas) no contaba con acceso a servicios de salud. Para 2024, la proporción es de 34.2% (44.5 millones): 25.7 millones más que seis años atrás. Esto significa que más de una tercera parte de la población carece de acceso a servicios médicos. La situación es especialmente crítica en Chiapas, donde esta carencia afecta al 63.3% de la población.
En educación, la situación no es mejor: el presupuesto crece apenas de forma nominal, lo que en términos reales significa un retroceso ante la inflación. Mientras tanto, la brecha educativa se amplía y los niveles de aprendizaje muestran rezagos alarmantes. Según el INEGI, la carencia educativa afecta a 24.2 millones de personas en México en 2024, un 18.6% de la población con rezago educativo. Chiapas, Oaxaca y Guerrero presentan el mayor porcentaje de personas en rezago educativo, con porcentajes de 34%, 30.5% y 28.3%, respectivamente.
El discurso oficial insiste en que no habrá aumento de impuestos, pero la realidad es que la recaudación no alcanza para financiar las obligaciones presentes y futuras. El país recauda alrededor del 16% del PIB, cifra muy inferior al promedio de América Latina (22%) y abismalmente lejana de los países de la OCDE (34%).
Y es así como el presupuesto 2026 de México enfrenta un dilema político: Sheinbaum debe decidir entre mantener el legado de López Obrador, priorizando gasto social y proyectos ideológicos, o reorientar el gasto hacia sectores estratégicos para el desarrollo sostenible. La primera opción le asegura continuidad y respaldo de la base morenista, pero compromete la estabilidad fiscal; la segunda podría darle credibilidad frente a inversionistas y ciudadanos que exigen un rumbo más pragmático.
México necesita una planeación fiscal integral, reformas tributarias progresivas y una visión de inversión en capital humano, en innovación y en educación de calidad, para evitar un futuro de servicios públicos mediocres y crecimiento económico insuficiente.
Si no se corrige el rumbo, la “cruda” podría convertirse en una resaca prolongada que comprometa la estabilidad financiera del país por décadas, dejando un legado de endeudamiento y oportunidades limitadas para las generaciones futuras.
