Usted recordará, querido lector y lectora, las disculpas públicas que recibió el senador Gerardo Fernández Noroña por parte de un abogado de Nuevo León, quien lo increpó en un aeropuerto, le tiró el teléfono y lo empujó. Dichas disculpas, por insólito que parezca, se dieron en la sede oficial del Senado y fueron transmitidas por los canales oficiales.
Aunque ya se trata de un tema “viejo” —porque en este país todo envejece rápido: lo que pasó hace una hora ya perdió relevancia— lo traigo de nuevo a colación porque hace poco se resolvió un caso similar, aunque mucho más preocupante, en mi opinión.
El pasado 12 de julio, una usuaria de la red social X (antes Twitter) comenzó a publicar una disculpa pública que deberá repetir, día tras día, durante 30 días consecutivos. Además, fue sancionada con una multa de 1,085 pesos, deberá estar inscrita por un año y medio en el padrón de personas sancionadas por violencia política de género, y cursar una capacitación sobre temas de género como forma de “reparar el daño”.
¿Y qué fue lo que escribió esta persona para merecer semejante castigo? El siguiente tuit:
– “Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”.
A partir de ese comentario, la esposa del político presentó una denuncia ante el INE, que terminó derivando en una sanción firme por parte del Tribunal Electoral.
Y aquí es donde me detengo. Porque, aunque entiendo la importancia de cuidar el lenguaje, evitar la desinformación y promover el respeto en redes sociales, esto no deja de parecerme un exceso.
Equiparar un comentario crítico de un ciudadano sin peso ni poder a una forma de “violencia de género” con consecuencias legales tan severas es entrar en un terreno peligroso, donde la libertad de expresión se ve condicionada por quién es el aludido… y por qué cargo ocupa.
Ya tenemos antecedentes. Ahí está la polémica ley publicada en Puebla y el caso del periodista en Campeche, a quien se le ordenó dejar de ejercer su labor durante dos años, pagar más de dos millones de pesos y quien apenas fue amparado por un tribunal colegiado, que consideró la sanción violatoria del derecho al trabajo y de la Constitución.
La gran pregunta es: ¿estamos usando herramientas legales legítimas para proteger a los vulnerables o estamos convirtiéndolas en armas para blindar a quienes están en el poder?
Porque al final del día, el derecho a expresarse no debería depender de a quién le incomode lo que decimos.
