Desde que el republicano Donald Trump llegó a la Casa Blanca para un segundo mandato, se han intensificado las redadas al interior del territorio estadounidense por parte de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cumpliendo así una de sus promesas de campaña sobre una aplicación más agresiva de la política migratoria del país, como las deportaciones masivas de indocumentados, la suspensión y repatriación de asilados políticos que llegaron al territorio de Estados Unidos durante la administración de Joe Biden, así como la continuación de la construcción del muro fronterizo en la frontera sur.
Todo eso dejó de ser una simple retórica y se convirtió en una verdadera política de Estado cuando, a principios de este mes de julio, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el llamado “Gran y Hermoso Proyecto de Ley”, impulsado por la administración Trump, con una profunda reforma fiscal para el país, en la que se amplió significativamente el presupuesto para el Departamento de Seguridad Interior y sus agencias de Control de Aduanas, Patrulla Fronteriza, el ICE, entre otras corporaciones encargadas del control migratorio.
La “Gran y Hermosa Ley” de la administración Trump fue aprobada por el Senado el pasado 1 de julio, logrando mayoría con el voto de calidad y desempate del vicepresidente J.D. Vance, con 51 votos a favor y 50 en contra, en su mayoría de demócratas e independientes, destacando el voto en contra de tres senadores republicanos. Dos días después, la “Hermosa Ley” fue aprobada por la Cámara de Representantes con 218 votos a favor y 214 en contra, estos últimos de demócratas acompañados por dos representantes republicanos.
La nueva ley contempla un aumento sustancial en el rubro migratorio, que ahora ejercerá un presupuesto de 170 mil millones de dólares en los próximos cuatro años. De esa cantidad, se establece un monto de 45 mil millones de dólares para la ampliación y construcción de centros de detención de inmigrantes, con el objetivo de alcanzar entre 115 mil y 125 mil camas. Además, se destinarán 30 mil millones de dólares para la contratación de 10,000 agentes más del ICE, así como para cubrir los costos de transportación de deportados, la compra de vehículos patrulla para el departamento, y la construcción y mantenimiento de edificios de la corporación en todo el país.
En lo que respecta a la seguridad de la frontera, la nueva ley destinará un fondo especial de 47 mil millones de dólares —tres veces más de lo que se gastó en la primera administración de Donald Trump— para continuar con la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos, y otros 5 mil millones para la construcción y mantenimiento de los puertos fronterizos y puntos de revisión controlados por el Departamento de Aduanas (CBP, por sus siglas en inglés). También se asignarán 7.8 mil millones de dólares para nuevos vehículos y la contratación y retención de 3,000 nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol).
En ese sentido, el problema actual ya no está en la frontera sur, donde el país pasó de detener, a través de su Patrulla Fronteriza, a casi 250 mil personas por mes en 2024 —con un pico de 370 mil personas en diciembre de 2023 bajo la administración de Joe Biden— a solo 6 mil personas aprehendidas en el pasado mes de junio.
“Las cifras no mienten: bajo el liderazgo del presidente Trump, el DHS y la CBP han batido récords y han logrado la frontera más segura de la historia de Estados Unidos. El mundo escucha nuestro mensaje: la frontera está cerrada para quienes infringen la ley. Bajo el presidente Trump, nuestros agentes de la Patrulla Fronteriza están facultados para volver a cumplir con su trabajo, asegurar nuestra frontera y proteger al pueblo estadounidense”, declaró recientemente la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
La reforma fiscal también incluye fortalecer con 3.3 billones de dólares las actividades relacionadas con el tema migratorio en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, del cual dependen los jueces de inmigración. En ese rubro, actualmente hay en el país 700 jueces especializados, pero la nueva ley contempla ampliar el número a 800 y establece un tope para que no exceda esa cantidad, lo que pondrá aún más presión sobre el sistema, ya que actualmente hay 4 millones de casos pendientes. Con esto, los inmigrantes en espera de una resolución pasarán más tiempo en los centros de detención hasta que el juez resuelva su situación jurídica, ya que ellos son los únicos que pueden revocar la tarjeta de residencia (green card) o emitir una orden final de deportación para personas que han estado en el país durante más de dos años y están en proceso de ser deportadas.
Está más claro que el agua, y los números no mienten: el presidente ‘gringo’ Donald Trump viene más duro que en su primer periodo en el tema migratorio, y ahora sí que, como se dice ‘chuscamente’ en México, “por dinero no paramos”; el presupuesto está enfocado en aumentar las redadas, detenciones y deportaciones. Trump quiere quedar bien con su base electoral republicana, que prefiere presidentes duros en el tema migratorio, pero deberá tener cuidado, porque los inmigrantes latinoamericanos —y más los mexicanos— son, sin duda, quienes mantienen activos los campos agrícolas y otros sectores de la vida económica del país contribuyendo al 18% (4.5 trillones de dólares) del PIB del país. Y además, puedo asegurar que, en la misma Casa Blanca y en las mesas de millones de norteamericanos que desprecian a los mexicanos, se comen frutas y verduras que fueron cosechadas por las manos de un mexicano en los campos agrícolas de Estados Unidos. Qué ironía, ¿no?
En mi próxima columna hablaré aún más del tema; por lo pronto, amable lector, pongo punto final.
