Es cosa juzgada: en Tamaulipas habrá elección directa de jueces y magistrados estatales en junio de 2025. Con esto, el territorio tamaulipeco, con mayoría absoluta de Morena en el Congreso local, se convirtió en el primer Estado en homologar su legislación constitucional en materia judicial a los cambios efectuados a nivel federal, impulsados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su controversial reforma al Poder Judicial de la Federación.
En este sentido, el Congreso local no quiso actuar sin consultar al pueblo tamaulipeco, y fue así que abrió el debate a los ciudadanos del Estado, realizando tres foros en las ciudades de Tampico, Reynosa y Victoria, con la participación de más de 600 asistentes. Los trabajos fueron encabezados por el presidente de la Junta de Gobierno, el diputado local reynosense Humberto Prieto Herrera, quien expresó: “Cada voz cuenta, y cada experiencia compartida se convierte en un paso hacia adelante en la construcción de un Poder Judicial más fuerte y alineado con los valores democráticos de nuestra sociedad”.
En los foros participaron abogados litigantes, notarios, colegios y barras de abogados, estudiantes, maestros y directivos de universidades privadas y públicas como la UAT, así como miembros de la sociedad civil, trabajadores del Poder Judicial del Estado, jueces y magistrados.
Al igual que la reforma judicial federal, la de Tamaulipas contempla la desaparición del Consejo de la Judicatura del Estado, la remoción de todos los jueces y magistrados que actualmente ejercen funciones —la mayoría de los cuales tienen una cercanía política con el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca—; además, se crearán el Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración.
En todo esto, el gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, ha sido claro: el principal objetivo de esta reforma es que los casi 140 cargos públicos del Poder Judicial local que se someterán a elección el próximo año respondan directamente al pueblo de Tamaulipas y no a grupos de poder en particular.
En este contexto, la mayoría del pueblo tamaulipeco le dio el poder reformador a los diputados de Morena, quienes, de manera legal y legítima, lo están utilizando para impulsar su agenda política y de gobierno. Hasta ahí todo bien; el tema preocupante es el costo económico.
Según información dada a conocer por el Instituto Electoral de Tamaulipas, la elección judicial del próximo año tendría un costo aproximado de 615 millones de pesos (30 millones de dólares). A nivel federal, el INE solicitó un presupuesto de 13,000 millones de pesos (650 millones de dólares) para la elección judicial federal del próximo año, que, si lo dividimos entre 32 Estados, da la resultante de 406 millones de pesos por entidad.
Enfatizo que ese número es hipotético, porque realicé una división igualitaria por Estado, y es importante aclarar que hay entidades con mayor población que Tamaulipas que recibirán más recursos para la elección federal y el costo electoral en nuestro Estado puede llegar a ser menor a los referidos 406 millones de pesos.
En Tamaulipas, 615 millones de pesos para la elección judicial local es mucho dinero. Los presupuestos municipales son escasos, y el gasto millonario de la elección propuesta para 2025 podría invertirse en seguridad pública, calles y carreteras, escuelas, el sistema de agua potable y drenaje, entre otros rubros que son deficientes.
Es muy importante que el Congreso local “se apriete el cinturón” y contemple, además, que el INE y el IETAM homologuen sus presupuestos electorales para que la elección judicial se haga en conjunto entre ambos órganos electorales, haciéndola así, lo menos costosa posible y ajustándose a los principios de austeridad republicana, una de las grandes banderas y logros de la 4T.
Estaré pendiente de cuál será el monto final del presupuesto y lo compartiré en los próximos días en esta página.
