A pesar de las recurrentes provocaciones y de su conducta altanera y despectiva, más sus pifias en su función como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña ha recibido un trato respetuoso de parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Teniendo un luengo lienzo de donde cortar, el mandatario ha tenido la indulgencia de no señalar las enormes trapacerías de la ministra en su larga carrera como torcedora de la ley.
Maestra normalista de origen, no es casualidad que la mayor parte de su desempeño haya sido en el ámbito de la justicia administrativa, pues está ligada a uno de los grupos empresariales más poderosos, a los que ha favorecido con decisiones absurdas como la de castigar un fraude fiscal multimillonario con una multa irrisoria que no llegaba a los cien mil presos. Pertenece a esa camada de personajes que usan el poder para enriquecerse, como la Gordillo y la Robles, de las que viene siendo colega.
Su compromiso con la lawfare (guerra jurídica contra gobiernos progresistas) internacional, no necesita explicaciones, está en su esencia de autócrata; pero, sí está confirmado con la carta que recién publicaron los aprendices de tirano de España y América Latina: La fundación Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), que tiene su sede en Florida, Estados Unidos, creada hace nueve años para apoyar las ideas conservadoras en los centros del poder, contra la reforma judicial en México.
“Rechazamos enérgicamente cualquier intento de modificar el sistema judicial que pueda debilitar la independencia y autonomía de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial mexicano, incluido el Tribunal Electoral; como la propuesta del partido oficial Morena, que busca implementar elecciones populares para la selección de estos cargos, haciéndolos depender de influencias políticas, comprometiendo la imparcialidad de sus ministerios y haciéndolos presa de una Justicia de opinión”.
La firman los expresidente Mario Abdo, Juan Carlos Wasmosy y Federico Franco, de Paraguay; Óscar Arias, Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón, de Costa Rica; José María Aznar y Mariano Rajoy, de España; Felipe Calderón y Vicente Fox, de México; Alfredo Cristiani, de El Salvador; Iván Duque y Andrés Pastrana, de Colombia; Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de Chile; Osvaldo Hurtado, Guillermo Lasso, Jamil Mahuad y Lenín Moreno, de Ecuador; Mauricio Macri, de Argentina; Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, de Bolivia; Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares, de Panamá. Como dice el libro de libros: “Por su nombre los conoceréis”.
Me dijo López Obrador en entrevista realizada a bordo de su camioneta de Tampico a Ciudad Valles: “La paz es fruto de la justicia”. Por ello, mientras en el Anáhuac no haya justicia justa, gratuita, pronta, cabal e imparcial, no será posible erradicar la violencia que azota a grandes parcelas del territorio nacional en donde dominan grupos de la delincuencia común, organizada y de cuello blanco que gozan de impunidad gracias a la protección del sistema judicial.
El presidente es un caballero, pero la presidenta de la Corte tiene una larga cola.
