¿Por qué se (des)obedece el Derecho?

En estos tiempos aciagos, es común escuchar sobre fiestas clandestinas y personas—incluido el subsecretario de Salud durante sus vacaciones en las costas de Oaxaca[1]–que buscan subvertir o darles la vuelta a las prohibiciones. Por otro lado, también existen medidas estrictas como el arresto o cárcel por no llevar cubrebocas, o reglas mal hechas y contradictorias, como cerrar supermercados a manera de medida preventiva.
Si entendemos el Derecho —de una forma básica— como un conjunto de reglas que tienen la posibilidad de ejecutarse en contra de la voluntad de aquellos que son sus sujetos, valdría la pena preguntarse qué tanto se cumple con éste. ¿Por qué obedecemos al Derecho? Hay quien señala que la obligatoriedad del Derecho se da debido a que existen sanciones y el miedo a que las mismas se apliquen es un incentivo para obedecer.
Esta es la lógica que subyace en los enfoques de mano dura en la legislación penal, donde se crean más delitos y se endurecen las penas existentes; no ha reducido la incidencia delictiva, y las sanciones administrativas duras tampoco evitan que comportamientos prohibidos se lleven a cabo.
En Estados Unidos de América, el psicólogo Tom Tyler publicó en 2006 un libro tituladoWhy People Obey the Law? (¿Por qué la gente obedece la Ley?). En éste, después de una serie de estudios empíricos, llega a la conclusión de que las personas obedecen las reglas que se les aplican porque respetan la autoridad de la ley, no porque teman el castigo.[2]
John Searle, en su ontología social, establece que creamos cosas como el gobierno, el dinero y otros símbolos colectivos, a través de una asignación de valor. Es decir, estas cosas son lo que son porque todos los que vivimos en el Estado estamos de acuerdo con ello; en nuestra vida, nos conducimos de una forma en que reiteramos su valor.[3] Esto tiene veracidad al momento en que existe una metodología entera de resistencia pacífica contra gobiernos dictatoriales que fue creada por el controversial Gene Sharp y que precisamente enfatiza el valor que se le da a dichos gobiernos.[4]
La pandemia de COVID-19 ha inducido hartazgo, cansancio mental y ansiedad en la población y ésta ha incidido en personas que niegan la existencia de la enfermedad o menoscaban la utilidad de los cubrebocas, o incluso sucede en aquellas personas que creen en curas milagrosas como el dióxido de cloro. Esto se traduce en conductas prohibidas como las mencionadas al inicio de la columna y en autoridades incapaces (o renuentes) de aplicar las reglas y los castigos a toda la población.
Adicionalmente, no existen medidas económicas que reduzcan el impacto en los hogares de la enfermedad y esto fuerza a las personas a trabajar para llevar pan a la mesa, a pesar de que muchos preferirían aislarse para evitar contagios. Esto se puso de relieve por las protestas de comercios informales y de restauranteros en la Ciudad de México ante las medidas de cierre por los nuevos repuntes.[5]
El Covid ha puesto de relieve las carencias económicas y sociales en el país, pero también las institucionales. El tema de las reglas administrativas de salubridad general, el resguardo como medida preventiva y el uso de cubrebocas no preocupa al titular del Ejecutivo, quien después de estar contagiado y convaleciente reitera su negativa a ponerse cubrebocas y, con ello, da un mensaje de desobediencia a ser recibido por muchas personas que lo admiran, siguen y respetan.[6] Esto es contradictorio, pues ha dicho que su ejemplo de honestidad y austeridad inspira a combatir la corrupción. Sin embargo, a pesar de las declaraciones, también contraviene abiertamente medidas básicas de salubridad general.
Esta lógica es fácil de entender cuando vemos que el presidente López Obrador ha tenido una historia complicada con el cumplimiento de las leyes y que, además, durante su mandato se ha buscado toda oportunidad de fortalecer al Ejecutivo y centralizar espacios de poder. Es decir, no le importa el Derecho ni el respeto a la ley, sólo le interesa la figura presidencial.
En México existe una obediencia intermitente a las reglas establecidas porque, por una parte, las instituciones han existido para beneficiar un status quo que ha dejado una rampante desigualdad social y un hartazgo generalizado. A su vez, el Derecho ha sido utilizado por las élites para beneficiarse y perpetuar sus intereses (por algo se ha reformado la Constitución más de 700 veces a lo largo de 100 años) y, por lo tanto, la mayor parte de la población no ve la utilidad en respetarlo ampliamente.
No existe tampoco un conocimiento amplio de las reglas por parte de la población que los recibe y esto se debe, parcialmente, a un gremio jurídico egoísta que, queriendo ser los altos sacerdotes del Derecho, ha buscado acaparar su entendimiento y uso. Adicionalmente, existe un empuje del presidente López Obrador que busca centralizar decisiones políticas en su figura y capturar instituciones para que la aplicación de la Ley sea en favor del gobierno y que debilita la institucionalidad del Derecho. 
Reitero: el Derecho es efectivo no por miedo a las sanciones, sino por respeto a las reglas y a quienes las aplican. Para que así sea, se necesita que el contenido de las leyes sea más justo y que la población pueda entenderlas. También resulta crítico que las autoridades respeten las normas existentes y su institucionalidad. Todos estos factores guardan relación íntima unos con otros y el atacar un problema incide sobre los otros.
Si bien la obligatoriedad del Derecho es una cuestión que han debatido filósofos a lo largo de los años, en realidad se trata de un problema social que debiera ser estudiado empíricamente y debatido por todos. Quizás la pregunta no debiera ser “¿por qué se obedece el Derecho?”, sino “¿cómo podemos respetarlo (y que éste haga lo propio con nosotros)?”.

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