La esperada resolución final sobre el ganador de la elección a gobernador en Coahuila desnuda en cuerpo completo lo que siempre se ha dicho: la vergonzosa injerencia de los partidos políticos en los órganos electorales del país nombrando consejeros o magistrados que responden a sus intereses.
Por un lado los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) han detectado que Miguel Angel Riquelme (PRI) y ganador de la contienda, superó por más de 9 por cien los gastos de campaña, suficientes para invalidar los resultados y, peor, imposibilitarlo para volver a competir en una elección extraordinaria.
En ese caso parece que el Partido Acción Nacional tiene a su favor al máximo órgano en México en organizar y validar los comicios.
Por el otro lado el Tribunal Federal Electoral (Trife), donde los dictámenes del INE no pasan porque los magistrados, en apariencia, juegan en la cancha del PRI y contra el candidato albiazul perdedor Guillermo Anaya, quien grita que hubo chapuza en Coahuila.
Porque quienes son los encargados de aplicar las leyes electorales simplemente hacen sus propias cuentas, y, más de una vez han resuelto que Riquelme se mantuvo en los máximos de gastos permitidos en Coahuila y no aplica que Anaya sea declarado ganador o se convoquen de nuevo a las urnas.
Así el juego a las vencidas entre dos órganos en poder de los partidos políticos han confirmado lo que es una realidad: en México es una pantomima eso de que hay instituciones ciudadanas. Eso es rotundamente falso.
Pues no es tan sencillo que los partidos se queden sin el control de los miles de millones de pesos de prerrogativas que reciben para las campañas a través del INE. Igual nunca permitirán quitar a quienes defenderán sus intereses dentro del Trife.
Y quien piense lo contrario, de que en México esos organismos los encabezan ciudadanos imparciales y no títeres, vive dentro del cuento de Alicia en el país de las maravillas.
Donde ese asunto ha cambiado es en Nuevo León, con consejeros de la Comisión Estatal Electoral (CEE) que se dicen autónomos y tienen a raya a los partidos políticos.
Por eso mismo ha habido fricciones entre el poder legislativo y el órgano electoral, especialmente en el tema del presupuesto que se ejercerá en que rebasará los mil millones de pesos.
Pero hay que ser claros: casi la mitad de esa descomunal cifra es para financiar a candidatos de los partidos, y el resto para gasto corriente y la organización de los comicios de 2018.
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