La eventual construcción de un nuevo tramo de paga de la autopista a Monterrey que aumentaría 87 pesos más a los 228 que actualmente cuesta el traslado, es a todas luces ventajosa para el concesionario y por lo tanto abusivo para los usuarios.
El proyecto -que nunca fue consultado con los ciudadanos antes de su autorización- se suma a la larga lista de atropellos del gobierno federal que a través de la SCT, de Gerardo Ruiz Esparza, ese mismo del socavón, evidentemente incumple con la Constitución al fallar en construir y dar debido mantenimiento a las carreteras del país para que los mexicanos transiten libremente como lo manda la Ley Suprema.
Digan lo que digan, el hecho es que el tramo de 50 kilómetros que actualmente recorremos libremente en cuatro carriles pasará a ser de dos, aunque nos lo embetunen con acotamientos y otras palabras rimbombantes como “vía de alta especificación”.
Para los que preferimos traer el dinero en la cartera que dárselo al gobierno, tendremos que chutarnos los 50 kilómetros como lo hacíamos hace 25 años, conduciendo y esperando no terminar como palomillas en el parachoques frontal de uno de los 14 mil camiones que transitan de Monterrey a Nuevo Laredo todos los días, sólo porque a los socios de los políticos ya les gustó el “negocito” de las carreteras “privadas”.
Ante esto, vimos a una apresurada Yahleel Abdala explicando que no fue parte del atropello, pero que sin embargo, debemos pensar bien el tema porque definitivamente esta obra significa mayor infraestructura, cosa que necesitamos para hacernos más competitivos.
Aunque la diputada haya cedido a la orden del “supremo gobierno” junto con los organismos de IP de Nuevo Laredo, por lo menos dio muestras de ser cabal y una mujer de vergüenza, dado que fue capaz de no esconderse ante los hechos que la cuestionan.
Mal que bien dio la cara, esgrimió argumentos, planteó razonamientos y finalmente sostuvo que ella lo rechazaría si el pueblo así se lo ordenara.
Decorosa actuación, debemos reconocerlo.
